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    jueves, 14 de diciembre de 2017

    ONG exhibe el “terror” de los desplazados en Chiapas


    Antes de conocer el fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en favor de los bienes comunales de Chenalhó, miembros de cinco organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en la entidad lamentaron “la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de cinco mil indígenas tzotziles en desplazamiento forzado”.



    En el marco de la sentencia por parte del TUA y el anuncio de que los gobiernos estatal y federal ofrecieron 300 casas y 15 millones de pesos para compensar a los cinco mil desplazados de Chalchihuitán, organizaciones de la sociedad civil chiapaneca, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), realizaron el pasado 9 y 10 de diciembre una misión de observación y documentación de derechos humanos en Chalchihuitán.

    Ahí, se entrevistaron con las familias desplazadas y autoridades comunitarias y municipales, se verificó el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas, así como los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

    Según los testimonios, después del asesinato de Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el pasado 18 de octubre, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego, sobre todo por las noches. Desde entonces, varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. El 5 de noviembre se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

    Ante las promesas de resolver la problemática, los denunciantes evidenciaron la crisis humanitaria: personas enfermas; falta de medicamentos y una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general.

    Dichas condiciones, aseguraron, “no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación”.

    Ello, dijeron, de acuerdo con los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

    Durante la misión, los observadores constataron el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas–Chalchihuitán, único tramo pavimentado para llegar a la cabecera municipal.

    “La destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán”, acusaron.

    Ese corte, agregaron, ha impedido el ingreso de vehículos abastecedores de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población. Pero aún, quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

    “El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los más pobres y marginados de México. La situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo”, indicaron.

    El terror armado

    La misión de observación constató la existencia de grupos armados que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal.

    Dijeron que la responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, pues “a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad”.

    Según su denuncia, en Chalchihuitán hay un “clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos”.

    Les preocupa, dijeron, que por miedo a ser asesinados, “los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada. Como consecuencia, no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria”.

    Los observadores vieron que niños y adolescentes viven en condiciones inhumanas: “Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año”.

    Más: hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias y la alimentación es insuficiente e inadecuada, mientras que el suministro de alimentos procesados que les da el gobierno estatal provoca diarrea en algunos y se agrava su condición de salud.

    Las afectaciones en los niños son lamentables: “tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento”.

    En Chalchihuitán, 97% de la población vive en pobreza y la tasa de mortalidad infantil en menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.

    Respecto a lo que viven mujeres y niñas en situación de desplazamiento, los observadores hallaron nula atención a una salud adecuada, vulnerabilidad y riesgo por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

    Las mujeres entrevistadas dijeron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Chalchihuitán y Chenalhó son municipios señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

    Las demandas

    La Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C, y los Servicios y Asesoría para la Paz A.C y Melel Xojobal A.C, exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello “asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria”.

    Además, destacaron la urgencia de crear condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de los desplazados para que retornen de manera segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.

    “En caso contrario, el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento”, advirtieron.

    Fallo a favor de Chenalhó

    El Tribunal Unitario Agrario (TUA) falló a favor de los bienes comunales de Chenalhó, que pone fin a la disputa por los límites territoriales con Chalchihuitán.

    Tras la resolución, los gobiernos estatal y federal ofrecieron 300 casas y 15 millones de pesos para compensar a los cinco mil desplazados de Chalchihuitán.

    El magistrado Claudio Aníbal Verales leyó a ambas partes la sentencia definitiva que le reconoce a Chenalhó las más de 350 hectáreas de tierras que la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) había dado en 1973 a Chalchihuitán de manera errónea.

    En el fallo se determinó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será la encargada de volver a medir dos mojoneras que se encuentran en los límites territoriales de ambos municipios.

    Previo a la audiencia se ratificó el convenio y solución definitiva del 23 de septiembre de 2015, que señala que fuere cual fuere el fallo, ambos grupos respetarían la decisión del Tribunal Unitario Agrario.

    Concluido el asunto, el gobierno de Chiapas emitió el cheque con número 446 de Banorte a nombre de Nicolás Pérez Girón, comisariado ejidal de Chalchihuitan, por la cantidad de 15 millones de pesos para resarcir los daños ocasionados por la sentencia.

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