BRUSELAS, 13 de julio.El gobierno griego asumió ayer que tendrá que aceptar buena parte de las duras medidas puestas sobre la mesa por sus socios de la zona euro como condición para lograr un tercer rescate financiero, pero también rechaza algunas condiciones clave.
Para el gobierno de Grecia, los principales puntos de desacuerdo son la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un futuro programa de rescate, que los socios estiman que podría necesitar entre 82 mil y 86 mil millones de euros.
Otro “gran problema” para Atenas es la propuesta alemana de crear un fondo fiduciario con activos públicos helenos por valor de unos 50 mil millones de euros, con el objetivo de privatizarlos a lo largo del tiempo y que se reduzca con ellos la deuda.
La referencia a la creación de este fondo se encuentra entre corchetes, es decir, abierta a discusión y no consensuada, y como alternativa se plantea la creación de una autoridad “independiente” que surpervise y analice los precios de los activos del plan de privatizaciones que los socios exigen a Atenas, para asegurarse de que se ejecuta tras años de retrasos.
El gobierno liderado por el primer ministro Alexis Tsipras considera esa cifra desorbitada, dada la situación de la economía griega, que prácticamente no ha salido de la recesión desde 2007.
Atenas también insiste en la necesidad de que se mantenga la posibilidad de aplicar una quita a su deuda, punto que el documento del Eurogrupo es claro en su rechazo.
Grecia tampoco está dispuesta a optar por salir de la zona euro para acceder a una reestructuración de su deuda, tal y como también sugiere el documento en otro de los apartados que no han sido aún consensuados.
Proponen poner a Grecia bajo tutela
En el documento base de las negociaciones, la zona euro propuso poner a Grecia bajo tutela a cambio de un tercer plan de rescate.
Para “restablecer la confianza”, el borrador exige además que el Parlamento de Grecia apruebe antes del miércoles las medidas de ajuste y pide supervisar ciertas leyes.
“El gobierno (griego) deberá consultar y acordar con las instituciones todos los proyectos de ley en áreas relevantes antes de someterlas a la consulta pública o al parlamento”, afirma el eurogrupo.
Los ministros de Finanzas piden además una “reforma ambiciosa” de las pensiones, la apertura de comercios los domingos, la liberalización de farmacias y de otros sectores como el energético.
La cumbre de los 19 líderes de la zona euro, convocada de urgencia la semana pasada y presentada como la de la última oportunidad para evitar lo peor, “durará hasta que concluyamos las negociaciones”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Condiciones de la zona euro
Los líderes europeos debaten en Bruselas un acuerdo que garantice la permanencia de Grecia en la unión monetaria.
A continuación algunos puntos del catálogo de cuatro páginas con las reformas que debería cumplir Grecia para obtener un rescate financiero:
La implementación hasta más tardar el 15 de julio de un primer paquete de las medidas prometidas, que incluyen reformas a nivel fiscal y en el sistema de pensiones.
Privatizaciones: Una idea es establecer un fondo fiduciario en Luxemburgo, que podría incluir bienes estatales griegos por 50 mil millones de euros, que serían privatizados y permitirían así reducir la deuda. De todas formas, la propuesta no habría logrado el consenso de todos los ministros.
Reforma de la administración griega bajo la supervisión de la Comisión Europea: El gobierno de Atenas deberá acordar determinados proyectos de ley con los acreedores internacionales: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de que pasen por el Parlamento.
Las necesidades financieras de Grecia se estiman entre 82 mil a 86 mil millones de euros durante los próximos tres años. El paquete de rescate tendría que incluir una reserva de entre 10 mil y 25 mil millones de euros para que el sector bancario pueda hacer frente a posibles necesidades de recapitalización.
Los socios de la zona euro consideran ofrecer concesiones a los pagos de la deuda griega, pero descartan la opción de un “recorte” clásico. Ya en 2012 el grupo había evaluado concesiones en términos generales.
Falta de acuerdo: “Si no se llega a un acuerdo, se debe negociar rápidamente con Grecia la posibilidad de un retiro momentáneo de la eurozona con una posible reestructuración de la deuda”, señalan los jefes de Estado y de gobierno en una formulación del documento escrita entre paréntesis.
Tsipras enfrenta rebelión en su partido
El primer ministro Alexis Tsipras ha logrado el apoyo de la oposición griega en sus negociaciones con los acreedores, pero a costa de aumentar las disensiones internas en su propio partido, Syriza, lo que hace temer una nueva crisis política.
Un total de 251 diputados –de 300– autorizaron el sábado al gobierno griego a conducir las negociaciones con los acreedores de Grecia sobre la base de propuestas que apenas variaban de las presentadas a los electores en el referéndum del 5 de julio y que fueron masivamente rechazadas (con 61% del “No”).
Aunque el primer ministro pudo contar durante la votación parlamentaria con el respaldo de la oposición de derecha (Nueva Democracia) y socialista (Pasok), con el partido de centro Potami y con los 13 diputados del partido de derecha soberanista ANEL, miembro de la coalición gubernamental, técnicamente perdió su mayoría absoluta: 17 de los 149 diputados de Syriza no lo apoyaron.
Dos votaron en contra, ocho se abstuvieron, y siete estaban ausentes durante la votación (entre ellos, el exministro Yanis Varoufakis, de vacaciones con su familia).
Entre los abstencionistas figuran dos ministros, entre ellos, el titular de Energía, Panagiotis Lafazanis, contrario a la permanencia en el Euro, así como la presidenta del Parlamento, Zoé Kostantopoulou, “pasionaria” de la izquierda radical y espina para el primer
ministro.
Para empeorar las cosas, 15 diputados de Syriza afirmaron en una carta que habían votado “sí” por no dañar al gobierno, pero advirtiendo de que no podría contar con ellos para poner en marcha las futuras reformas exigidas por los acreedores.
“Nuestro ‘sí’ no puede ser interpretado como un ‘sí’ a la puesta en marcha de medidas de austeridad neoliberales, las mismas que hemos combatido junto a la sociedad”, aseguraron los legisladores.
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