SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.
A jalones y tirones, hace 20 años, el gobierno federal y el EZLN firmaron el primer y único acuerdo de paz en Materia de Derechos y Cultura Indígena. Quedaron pendientes otros cinco: Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, el tema de la Mujer, la reconciliación en Chiapas y el Acuerdo Final de Paz.
El acuerdo llegó al Congreso de la Unión y ahí, en 2001, se aprobó una reforma constitucional en materia indígena: “El documento excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés”, sostuvo Jaime Martínez Veloz, entonces integrante de la Cocopa y hoy funcionario federal.
“El no cumplimiento de estos acuerdos ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos. A 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, tenemos una realidad de contrastes”, dijo en entrevista.
El papa Francisco estuvo ayer aquí, en un gesto de reivindicación de los pueblos indígenas y un espaldarazo al trabajo que el obispo Samuel Ruiz García hizo en favor de ellos y en particular como mediador entre el gobierno y el EZLN, en la consecución de este acuerdo parcial.
Por su parte, Juan Carlos Gómez Aranda, exintegrante de la Cocopa, dijo que “persisten aún condiciones de marginación y falta de oportunidades con los pueblos originarios de México y por lo tanto, el compromiso de entonces sigue vigente”.
Aseveró que cumplir los Acuerdos de San Andrés honraría la palabra y el compromiso de las partes. Su cumplimiento no sólo saldaría una deuda histórica pendiente con los pueblos indígenas, sino que también sería un cauce adecuado para soluciones a conflictos actuales.
Martínez Veloz, actual comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, dependencia de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo actuado durante tanto tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas.
Los contrastes a los que se refirió el funcionario federal son que en el plano nacional e internacional a pesar de la reforma indígena acotada por el Congreso en el 2001, se han producido una serie de avances jurídicos normativos importantes, que contrasta con los datos oficiales en materia de bienestar social.
“La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto sólo de programas sociales ha fracasado. Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expresan lo que pasa en el México profundo. Los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, sólo muestran resultados.
“En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta el Coneval. El 73.2% de la población indígena vive en la pobreza.
“En los últimos veinte años, el salario mínimo real tuvo un decremento de 27% y las fortunas de las nueve familias más ricas del país han crecido casi diez veces entre 1996 y 2014, al pasar de un total de 13 mil trescientos millones de dólares en 1996 a 131 mil setecientos en 2014”.
Ofreció más datos al respecto: de 1994 al año 2015 se han producido casi mil cien toneladas de oro, casi la mitad de la producción de ese metal desde la conquista a la fecha.
“Los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso, menor representación política y los que sufren la mayor discriminación, entre los diversos grupos”, manifestó.
A la pregunta de si existen alternativas a la situación que viven los pueblos indígenas, Martínez Veloz expuso en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, celebrada en la ONU, en septiembre de 2014, que el presidente Enrique Peña Nieto planteó la necesidad armonizar las leyes nacionales al espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En ese contexto, manifestó Martínez Veloz, la concreción de este compromiso planteado por el Ejecutivo federal y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés junto a las luchas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas salir de atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten.
“Estos cambios permitirán resolver las tensiones históricas que, de no ser atendidas por la vía institucional, generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puede generar violencia y vulnerar la gobernabilidad del estado.
“No hay lugar para regateos; las instituciones del Estado estamos obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual. Las salidas deben ser estructurales, sólo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno y pluricultural.
“Ante esta realidad, las instituciones de la República y la sociedad en su conjunto, tenemos la obligación de reflexionar sobre las causas de este grave fenómeno y construir las opciones para enfrentarlo”, dijo el funcionario federal.
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