🔺Con información de Alma Martínez.
Vía Chiapas Paralelo.
Liliana Pacheco Flores, licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y activista feminista, propuso una reforma al Código penal para la Protección a la identidad de víctimas de violencia de género en Chiapas, esto como parte de la convocatoria del XI Parlamento Juvenil 2021 que emitió la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, en coordinación con el Instituto de la Juventud.
Su propuesta fue seleccionada junto a otras 39, lo que le permitirá este primero de septiembre ser Diputada por un día en el Congreso del Estado.
Pacheco dijo que la Protección a la identidad de victimas de violencia de género en Chiapas es necesaria porque en el estado cientos de mujeres víctimas de feminicidio o víctimas de violencia son vulneradas en dignidad, integridad y seguridad; en medios de comunicación y redes sociales se exponen sus datos, fotografías y videos; faltándoles el respeto a ellas y a su memoria.
Explicó, el antecedente más grande que hay a nivel nacional es el caso de Ingrid Escamilla, en el que hubo una divulgación masiva de fotos de su cuerpo y de la escena del crimen, el manejo de la información fue tan impactante que ni siquiera tenías que buscarlo, sino que la difusión en todas las plataformas digitales permitía que lo encontraras.
Manifestó que como comunicóloga y feminista la falta de sensibilización por parte de los medios de comunicación y de la sociedad, le mueve, duele y ofende, pues aun cuando plataformas como Facebook o Twitter censuran el contenido, esto no se traduce en que el medio deje de publicarlo sobre todo por la manera en que lo obtiene.
"La obtienen de los primeros correspondientes, cuando se llama al 911, la mayoría de los respondientes son policías, protección civil, ministerio público e incluso hay quienes las han obtenido de fiscales, y esas grabaciones y fotografías se exponen en redes sociales y aunque se censuren siguen vulnerando a las víctimas", dijo Pacheco.
Añadió, pese a que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que se debe garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, y el derecho a la intimidad; la divulgación de dichas imágenes es una lesión a su dignidad como personas y a su memoria, que no debería permitirse.
Por ello, consideró urgente sancionar estas acciones, tanto de personas, como de medios digitales, medios impresos y servidores públicos que de alguna manera facilitan el acceso a revelar o difundir archivos e información competente a carpeta de investigación, y que además expone a las víctimas y comercializa con ello.
Mencionó que leyes como la ley Olimpia y la ley Ingrid buscan evitar la exposición de las víctimas, combatir y evitar la normalización de la violencia digital y sancionar a las personas que incurran en estos delitos, sin embargo, hay un problema en cuanto a la tipificación en todo el país.
"La ley Ingrid no está aprobada a nivel nacional, siendo algunos estados como Colima, Oaxaca y la Ciudad de México los que la han tipificado en sus respectivos códigos penales, cada uno con distintas sanciones y hay otros como Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo que la han presentado como iniciativa y pues ahora que yo le estoy presentando para Chiapas", expresó la activista.
Detalló que uno de los objetivos y beneficios de su propuesta sería fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática, así al evitar estas filtraciones y exposición masiva en los medios y en redes sociales, se puede disminuir el daño que sufren las victimas al ser revictimizadas y sancionar a los servidores públicos.
Además, algo que no está establecido a nivel nacional pero que decidió agregar en su propuesta es que al servidor público que se le juzgue por este delito sea inhabilitado de forma permanente para que en un futuro no pueda formar parte de algún otro tipo de administración pública.
Señaló que espera poder transmitirle al Congreso del Estado, la importancia de agregar esta reforma al Código Penal, pues si como Estado, como medios de comunicación y como sociedad no se ha podido garantizar una vida libre de violencia a estas mujeres lo mínimo que se puede hacer es garantizar su memoria, su dignidad y un castigo para quienes las vulneran.
"Poder transmitirles a las diputadas y diputados que en este momento tienen un poder real de poder cambiar las cosas, reformar, adicionar y generar sanciones. Cambiar la vida de las mujeres en la ley es el primer paso porque habría un antecedente y entonces podemos trabajar en programas de difusión, en campañas, en las Fiscalías, en los departamentos de género y en todos los municipios ya sea que cuenten o no con la alerta de violencia", indicó.
Por ello, consideró que es importante que la juventud pueda tener acceso a lugares como este porque hay muchas iniciativas que merecen ser revisadas, además de que no se trata solamente de presentarlas sino de lograr que alguien que tiene el poder de convertir las ideas en acciones te escuche y puedan sumar en conjunto.
Concluyó en que no imaginaba que el nivel de respuesta por parte de la juventud chiapaneca fuera tan alto y es gratificante porque todas y todos tienen mucho que decir desde sus propios espacios, asimismo es necesario que se construya un sector informado, comprometido y participativo.
Cabe señalar que en Chiapas desde el 18 de noviembre de 2016 está activa la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en siete municipios: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, la necesidad de implementar acciones específicas que atiendan la violencia contra las mujeres indígenas que viven en la región Altos.
En la Declaratoria, la Secretaría de Gobernación determinó que el Estado de Chiapas debería aportar las acciones necesarias para ejecutar medidas de seguridad, prevención y justicia para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Dentro de las medidas están: emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores públicos; determinar una medida de reparación simbólica para todas las mujeres víctimas de feminicidio en el estado; entre otras.
Por otro lado, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas publicó su reporte estadístico la “cuenta que no nos cierra”, del mes de enero a marzo de 2021, en el que dieron a conocer que se duplicó la violencia familiar y los feminicidios en grado de tentativa en el estado.
Este primer trimestre cerró con 46 muertes violentas de mujeres, de estas observaron 2 homicidios de mujeres, 2 suicidios, 1 muerte por fuerza mayor, 2 casos de causa fortuita, 5 posibles feminicidios, asimismo, más de 46 casos de violencia familiar y 24 casos de feminicidio en grado de tentativa, algunos de estos se dieron en municipios contemplados dentro de la Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres.
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