Andrés Manuel López Obrador quiere modificar la Constitución para blindar su agenda de reformas estructurales y evitar que las iniciativas queden paralizadas en los tribunales.
El presidente de México ha anunciado este martes su intención de llevar al Congreso tres medidas que suponen un cambio de fondo del modelo energético, electoral y de seguridad. La primera ya ha sido su principal apuesta de los últimos meses, una ley eléctrica que pretende reforzar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado, y que pese a su aprobación en el Parlamento no entró en vigor por los recursos presentados.
La segunda es una reforma electoral que pretende renovar el Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo al que se enfrentó abiertamente durante la última campaña por unas decisiones que afectaban a Morena. Y la tercera supone la integración de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que supone culminar su militarización.
El mandatario considera estas reformas “necesarias y buenas para el pueblo y para la nación”, aunque para consagrarlas en el texto constitucional necesita el apoyo de parte de la oposición. Los resultados de las elecciones del 6 de junio limitaron el margen de acción de la formación oficialista de Morena en la Cámara de Diputados, que con el apoyo de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo tiene una holgada mayoría absoluta pero se queda lejos de la mayoría calificada que se requiere para cambiar la Ley Fundamental.
Para alcanzar los dos tercios de los escaños (334 de 500) necesita el voto de unos 40 representantes de la oposición. Por eso López Obrador se dirigió la semana pasada al PRI, su archienemigo, tentándolo con un pacto. Y aunque ese respaldo resulta improbable, no puede descartarse a priori.
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