Cuando la semana pasada Ahmed Mansour Qurani Ali fue sentenciado por un tribunal militar de El Cairo a cadena perpetua por cuatro cargos de asesinato, ocho de intento de asesinato, vandalismo y amenazas a la policía, el acusado no se encontraba en la sala. Ni siquiera acompañado por sus padres. Porque Ahmed tiene cuatro años.
Su familia considera absurda la condena: en el momento de los hechos de los que se le acusa, Ahmed era un bebé de apenas 15 meses. Sin embargo, su nombre acabó en el acta de imputación de las 115 personas juzgadas por aquellos incidentes, una oleada de disturbios instigados por la Hermandad Musulmana en la provincia de Fayum en 2013.
El Coronel Mohammed Samir, portavoz de las Fuerzas Armadas egipcias, ha admitido que se trata de un error: la persona a la que buscaban las autoridades egipcias era en realidad Ahmed Mansour Qurani Sharara, de 16 años. Cuando los padres del pequeño fueron informados de la acusación, proporcionaron un certificado de nacimiento para demostrar su imposibilidad, pero el documento fue traspapelado por los funcionarios del tribunal.
40.000 represaliados en la cárcel
Pero el incidente pone de manifiesto el cuestionable estado de la justicia egipcia, especialmente tras el golpe de estado militar que derrocó al islamista Mohamed Mursi en 2013. Desde entonces, más de mil personas han muerto y alrededor de 40.000 han sido encarceladas por las autoridades militares, incluyendo no solo miembros y simpatizantes de la Hermandad Musulmana sino también activistas seculares. El mes pasado, un estudiante de doctorado italiano que militaba en organizaciones de izquierda fue mutilado y torturado hasta la muerte tras haber sido detenido por la policía egipcia.
En 2014, más de 1.200 personas fueron condenadas a muerte en dos macrojuicios, lo que llevó a la ONU a afirmar que Egipto tiene “un sistema judicial donde parece que las garantías internacionales sobre un juicio justo son cada vez más pisoteadas”.
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