Juzgados tienen que ser obligados por tribunales colegiados a admitir recursos contra el megaproyecto; ciudadanos amparados se sienten criminalizados desde el Poder Ejecutivo
El 24 de agosto de 2020, diversas personas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en Quintana Roo, decidieron presentar un amparo contra el Tren Maya, el megaproyecto mimado del presidente de México. ¿El motivo? Violaciones a su derecho a la libre determinación, la falta de información, daños al patrimonio cultural y al medio ambiente... Pero el Juzgado Primero de Distrito en Chetumal se negó a aceptar el amparo alegando que no era de su competencia, y lo envió al Juzgado Octavo con sede en Cancún. Este tampoco quiso admitirlo y lo devolvió al juez de Chetumal.
Ante el conflicto entre los jueces, se turnó a un tribunal colegiado que determinó que la responsabilidad de conocer el amparo era del juez de Cancún. Admitió la demanda el 16 de marzo de 2021, 204 días después de que se intentara presentar por primera vez, mientras que cuando se acepta un amparo el promedio es de un mes en tener una suspensión provisional. No es una excepción. En otros ocho ocurrieron situaciones similares.
Hay al menos 16 amparos colectivos en contra del Tren Maya. Desde EL UNIVERSAL se habló tanto con las organizaciones como con los ciudadanos que asesoran, así como con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, y se comprobó el discurrir de los amparos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Además del caso de Quintana Roo, en Yucatán dos amparos están en la Suprema Corte de Justicia tras ser rechazados y en otros dos, un tribunal colegiado tuvo que obligar a admitirlos; durante el inicio de la pandemia, un juzgado fue forzado a admitir un amparo en contra de los desalojos en Campeche y en otro en Candelaria hay una resolución que no ha sido notificada a los afectados; un amparo puesto en la Ciudad de México entró en un laberinto judicial para ser, meses después, admitido en Campeche.
La asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos aconseja en ocho de los amparos. Fundada en 1991 y con sede en Chablekal, Yucatán, han asesorado a comunidades en litigios frente a megagranjas porcinas o venta de tierras en ejidos. Orvelín Montiel, abogado de su equipo jurídico desde 2012, opina que, al tratarse de un tema relevante para el sexenio y el gobierno, parece que hay jueces que temen las repercusiones de entrar en amparos.
“Desechan los amparos y sólo los admiten una vez que se ha puesto un recurso y un tribunal colegiado los obliga y aún así no quieren conceder las suspensiones”, razona. En un amparo, la suspensión sirve para que mientras se decide sobre el asunto legal, no haya daños o perjuicios que no se puedan reparar en la situación de los agraviados.
Desde indignación asesoran a grupos del pueblo Maya-Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, a la asamblea Múuch’ Xíinbal y a la agrupación Chuun t’aan. Cada uno de sus amparos está firmado por entre 10 y 40 personas.
“Uno de los amparos, que cayó en el Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán y que se reclamaba falta de información, la licitación del tramo, que la consulta de diciembre de 2019 que supuestamente autorizó el tren no cumplió los estándares, daños al medio ambiente sano y al patrimonio cultural, fue desechado”.
Resume: “Lo impugnamos y un tribunal colegiado obligó al juez a admitir el amparo. Una vez que lo admitieron, negaron la suspensión provisional. Hace un mes realizamos una ampliación para demandar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tuvo en cuenta las opiniones que les hicieron llegar para la manifestación de impacto ambiental, y aquí sí dieron una suspensió…
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