El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó por unanimidad una ley que le elimina el fuero constitucional para el gobernador, diputados y magistrados para que en caso de que enfrenten un proceso penal, sean juzgados con forme a lo que aplica la norma y no evadan la acción de la justicia, ni obtengan impunidad.
La ley también alcanza a los alcaldes, a consejeros electorales e integrantes de la judicatura, jueces, además de todos los servidores públicos estatales y municipales y hasta los responsables de órganos autónomos locales que serán relegados a un plano de igualdad ciudadana.
Oaxaca es el noveno estado que cumple con tal disposición legal en el país. La iniciativa de ley fue presentada por el gobernador Alejandro Murat y se discutió y aprobó por 39 de 42 diputados.
Sin embargo, Morena argumentó que fue el primer partido en hacer la propuesta para acabar con los excesos, la impunidad y los abusos en el poder público.
En tanto, la Coordinadora parlamentaria del PRI, María de las Nieves García Fernández, reconoció la voluntad política y actitud vanguardista de los grupos parlamentarios para avanzar en la aprobación de la iniciativa preferente que deroga el Artículo 123, de la Constitución política de Oaxaca.
Indicó que con la ley se busca consolidar un gobierno ciudadano, respetuoso de la ley, y garante del manejo transparente de los recursos.
"Murat es congruente con su discurso y su forma de gobernar, donde advierte que nadie, ninguno debe estar por encima de la ley, ni gozar de impunidad y en caso de se trate de un servidor público y cometa una falta tendrá que responder ante los tribunales sin inmunidad que lo defienda ni proteja y por ello estuvo a favor de predicar con el ejemplo, quintándose el fuero constitucional", indicó.
Aseguró que la ley refleja que la lucha contra la corrupción es real y auténtica y refrenda la consolidación de un régimen democrático, ciudadano y apegado a la ley.
Mientras la diputada panista Eufrosina Cruz Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales, consideró como una lucha titánica, la aprobación de la ley, que se resolvió sin distingos políticos o de coyuntura electoral, para terminar con los privilegios la inmunidad y el autoritarismo de los titulares y servidores públicos en el régimen del poder.
Destacó "que nadie se tutele esta ley, nada más que la sociedad que fue la que mantuvo lucha para que se acabara con los excesos cometidos en el poder, y cerrar el paso a la impunidad contra quienes en el cargo público".
En tanto el panista y el perredista Juan Mendoza y Carol Altamirano reconoció la voluntad del gobernador Murat para quitarse el fuero, "porque sin su voluntad difícilmente su bancada hubiera actuado para retirarlo y desaparecerlo".
Reconocemos la actitud del régimen de Murat, que actuó con congruencia política cambiando la realidad y la trasformación del estado, al responder de manera clara al principal clamor de la ciudadanía que es el combate y erradicación de la corrupción y el castigo a los corruptos.
En tanto, Jesús Romero de Morena, aseguró que la ley para acabar con el fuero, fue parte de una demanda surgida desde la revuelta social del 2006, que durante años, se mantuvo en las congeladoras de la legislatura, hasta que la lucha de la sociedad, empujo para convertirla en realidad.
Aceptó que en el régimen de Ulises Ruiz, la propuesta para acabar con el fuero, presentada por el PT, fue desechada, lo mismo ocurrió en el régimen del ex gobernador Gabino Cué y de manera inédita el gobernador Alejandro Murat, quien fue quien propuso la ley para que nadie ninguna servidor público goce de inmunidad ante la ley.
A su vez Horacio Mendoza y Tomas Basaldú del PRD, afirmaron que con la caída del fuero constitucional, inicia una nueva realidad para Oaxaca, donde el compromiso para frenar la corrupción y los abusos de poder ahora es una realidad.
Aseguraron que en Oaxaca la legislatura local se estaba tardando, pero finalmente cumplió con su deber y responsabilidad con el pueblo. Calificaron de histórica e inédita la ley aprobada.
Reclamaron ahora una actuación pareja, eficaz de la ley y exigieron al fiscal de justicia que no se actué de forma partidaria y se actué contra quien quebrante el Estado de derecho.
NO SE ELIMINA LA VIGENCIA DE JUICIOS POLITICO
Con la ley, aprobada no se excluye la vigencia los juicios políticos, ni el juicio de procedencia particularmente el que se ha iniciado en contra del ex gobernador Gabino Cué por desvío de recursos y actos de corrupción, quien será llamado a cuentas para que sea castigado por su falta de probidad y honestidad en el manejo del gasto público.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Eufrosina Cruz, aseguró que no le corresponde el juicio al ex gobernador, sino a la comisión instructora.
MMR
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