Félix Camas
San Cristóbal de Las Casas.- Patricia Aracil, integrante del Equipo de Atención Sicosocial por Situaciones de Violencia y Exclusión Social, hizo un llamado al juez Julio César Morales Ríos, para que dicte sentencia absolutoria a Gabriela L. originaria de La Concordia, cuyo expediente responde al número 136/2014SCLC y ella se encuentra recluida en el Cereso número 5, acusada de homicidio.
El llamado también fue para el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que voltee a los cientos de casos injustos que enfrentan muchas mujeres al momento de ser juzgadas por la ley.
En conferencia de prensa, sus familiares explicaron que desgraciadamente conoció a Giovanni N. quien fue su pareja y quien es realmente el acusado de asesinato, donde él mismo involucró a Gabriela.
“Desgraciadamente mi hija conoció a Giovanni quien cometió una serie de abusos en contra de ella, al grado de hacerla abortar tras una golpiza, ese fue el error de Gabriela y ahora es acusada falsamente de asesinato”, señaló su padre Tomás L.
Patricia Aracil señaló que están pidiendo jurídicamente no se tome en cuenta la primera declaración ministerial, ya que Gabriela se encontraba en muy malas condiciones, “la primera sentencia es de 18 años y nueve meses, acusada de homicidio calificado, hay una apelación que ratifica la sentencia y posteriormente un amparo, en el cual los magistrados, jueces federales, recomiendan a los magistrados que se vuelva a realizar el juicio de apelación”.
Dijo que la razón es que hubo dos hechos fundamentales: “primero no se respeta el tiempo constitucional de la detención, se pasa una hora y media, eso es una violación a los derechos fundamentales de Gabriela y también de Giovanni, y segundo es que hubo tortura, lo que los jueces federales señalan al juzgador penal para que no tome en cuenta y considere nulas las declaraciones ministeriales, incluyendo la de Giovanni que es ahí donde involucra a Gabriela”.
“Desde hace dos años la Suprema Corte de Justicia recomienda a los juzgadores, por la Constitución Mexicana y por los convenios y tratados internacionales, que cuando los inculpados declaran una situación de tortura, los jueces están obligados a investigar inmediatamente y dar parte al Ministerio Público y considerar nulas las declaraciones ministeriales, que hasta este momento daban mayor importancia, eso ya cambia afortunadamente a favor de los derechos humanos de las personas”.
Citó que el tercer elemento es una excluyente de responsabilidad que también los jueces federales recomiendan tanto a los magistrados como al juez penal que se estudie y se tenga en cuenta por la fuerza probatoria que se facilitó en la defensa, así como en la posición social de desventaja, de maltratos, amenazas, insultos y prostitución forzada, que anularon la voluntad de Gabriela.
“Ella tenía un estatus de esclavitud en su relación con Giovanni que era su pareja, que ejercía un atributo de propiedad sobre ella, dominándola por el miedo y por el terror en el que vivía, lo cual debe ser considerado por el juzgador, en un plano de herramienta de perspectiva de género, lo cual es una obligación dictada por la Suprema Corte y los Derechos Humanos”.
Finalmente, Patricia Aracil dijo que buscan sensibilizar al juez, quien tras la última declaración tiene 5 días, a partir del 10 de julio, para dictar sentencia y esperan sea a favor de Gabriela.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario