Anuncian nuevas sedes para las Consultas a personas con discapacidad relativas a la Acción de Inconstitucionalidad número 297/2020

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 27 de abril  de 2023.- Las Diputadas y el Diputado integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Sexagésima Octava Legislatura de este Poder Legislativo, presidida por la Diputada Paola Villamonte Pérez se manifestaron a favor del Acuerdo Interno por medio del cual se  aprueba la nueva Convocatoria para la Consulta a las Personas con Discapacidad, así como Organizaciones que las representen, n materia inclusiva, a regularse en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Se determinó que las nuevas sedes y fechas para las Consultas que dan atención a la sentencia de la Inconstitucionalidad número 297/2020 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son el lunes 8 de mayo en San Cristóbal de las Casas y el viernes 12 de mayo en Tapachula. Respecto a la convocatoria donde se invita a la ciudadanía a participar, señala que tiene por objetivo obtener opiniones, propuestas o recomendaciones en materia Inclusiva.

Cabe mencionar que independientemente de las Consultas presenciales, se abrirá un espacio de encuestas virtuales en el micrositio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, dentro de la página web principal del Congreso del Estado de Chiapas, con la finalidad de tener un mayor alcance para quienes no pueden asistir. La Convocatoria se encuentra disponible en la misma página web, así como en las diversas redes sociales.

 

Estas Consultas se enmarcan en la nueva relación con los grupos de personas con discapacidad de nuestro estado, basado en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales, así como garantizar su participación en la toma de decisiones de los asuntos que sean susceptibles de afectarles; por su parte, en aquellos casos en que dichas medidas generen un impacto menor, la consulta se torna en un mecanismo democrático para alcanzar decisiones legítimas y acordes con la realidad, considerados como sujetos de derecho público con capacidad para definir libremente sus concepciones, aspiraciones y prioridades de desarrollo en el contexto local.