A un año de que se facultara a las Fuerzas Armadas para encargarse de las tareas de seguridad pública, en el país se han registrado 31,212 homicidios dolosos: 974 menos que los registrados un año antes de que se formalizara su auxilio a las labores de la Guardia Nacional, lo que confirma que “militarizar” al país no ha dado los resultados esperados, advierten expertos en seguridad.
Este 11 de mayo se cumplió un año de la publicación del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en el Diario Oficial de la Federación y este miércoles 12, un año desde que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina se encargaran de labores de seguridad pública.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de mayo al mes de abril, el promedio de homicidios dolosos fue de 2,837, cuando en el mismo periodo de año anterior, cada 30 días, ese delito alcanzaba 2,962. Sin embargo, el último mes del que se dio reporte, marzo, el homicidio tuvo un repunte de 12%.
David Saucedo, especialista en materia de seguridad pública, explica que la presencia de las Fuerzas Armadas por sí sola no iba a reducir el número de homicidios en el país, debido a que el problema y solución a la inseguridad es multifactorial.
“Para que haya un cambio radical en el problema de inseguridad tendríamos que tomar acciones como el estado colombiano, que invirtió en algún momento 10% del PIB en la seguridad, México hoy no llega ni al 3%, si seguimos con pocos recursos, vamos a tener los mismos resultados”, comentó.
Para 2021, México destinó el 1% de su Producto Interno Bruto para la seguridad pública a través del recurso asignado a Sedena, Semar, FGR, y SSPyPC.
Desde que inició su gobierno, los números no han estado del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. De diciembre de 2018 a marzo de 2021, suman 80,534 los homicidios dolosos registrados en el país.
Cuando en el Diario Oficial se publicó el decreto para facultar a las Fuerzas Armadas a encargarse de tareas de seguridad, en el país ya se reportaban 49,322 y en un año se sumaron 31,212 más.
En ese momento y en otros, el presidente ha defendido la incursión del Ejército en tareas de seguridad.
“Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario”, lanzó tres días después de publicado el decreto .
De acuerdo con el último reporte de seguridad pública, en el país hay desplegados 154,618 elementos: de los que 86,219 están dedicados a operaciones para la construcción de la paz, 55,526 en atención a la emergencia sanitaria “COVID-19”, 6,259 en operaciones en Golfo y Pacífico, 4,726 en Estado de derecho en la mar, 1,157 en protección marítima y portuaria y 731 en operaciones de búsqueda y rescate.
Para Carlos Rodríguez, especialista en temas de seguridad y miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), el problema de la inseguridad pública no lo pueden solucionar la sola presencia de elementos de las Fuerzas Armadas, porque ni siquiera existe una estrategia articulada a dos años y medio de inicio de gobierno de López Obrador.
“No veo una estrategia articulada, no es función de las Fuerzas Armadas además de que son dispersas y ocupadas en múltiples actividades”, explica.
En el gobierno del presidente López Obrador las fuerzas armadas pasaron de encargarse de la seguridad nacional a concentrar más de 20 funciones, entre ellas, el control del flujo migratorio, combate al robo de hidrocarburos, la construcción de obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el control de puertos y marinas, entre otras.
La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Juanita Guerra, descarta que con el despliegue de las Fuerzas Armadas por todos los estados, se haya militarizado al país y afirma que la decisión del presidente de encargarles varias tareas corresponde a su capacidad y confianza de la ciudadanía hacia su trabajo.
“Estoy segura que tienen encomiendas y la capacidad de sacarlas, no es por nada que tienen el prestigio y confianza del 70% de la ciudadanía”, afirmó a en entrevista.
La organización Amnistía Internacional advirtió que bajo el gobierno de López Obrador se ha desplegado un mayor número de elementos de las Fuerzas Armadas que en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, ello a pesar de que hay nula evidencia de que su intervención implica un cambio en la seguridad sin violar derechos humanos.
En su informe 2020/2021, la organización refiere que con Felipe Calderón, en el año 2007, se movilizaron a alrededor de 25,000 militares en operaciones contra la delincuencia organizada; con Enrique Peña Nieto, 50,000 efectivos y con López Obrador ya superan los 80,000.
Juanita Guerra rechaza que como la oposición ha señalado, el país se haya militarizado, y asegura que poco a poco habrá resultados en seguridad pública.
“El país no se militarizó porque ellos no son los únicos que atienden el problema de seguridad, porque hoy la seguridad corresponde a la Guardia, Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación y apoyo a las Fuerzas Armadas, pero también de las autoridades locales a través de sus policías”, destacó.
Para David Saucedo, la inseguridad no depende de las acciones que emprenda el Estado mexicano, sino más a un pacto en la guerra de los cárteles de la droga.
“El fenómeno delictivo no está en las manos de autoridades, ojala ellos tuvieron esta capacidad de fuego, recursos, hombres, y armas, pero no los han tenido, ni los van a tener. El futuro está en los varones de la droga, son ellos los que deciden cuándo, cómo y por qué, si hay una zona que se pacifica es porque así lo deciden ellos, o si hay una violencia exorbitante es porque un cartel ya se apoderó de la región”, destaca
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