Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años y quien era tramitador aduanero, recibió un disparo el pasado 8 de abril mientras manejaba una camioneta pickup azul en el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La bala que lo impactó procedía del arma de un elemento de la Guardia Nacional y le ocasionó la muerte.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) recabó testimonios que revelan que a Jorge Alberto «personal militar (le) sembró municiones, drogas y aparatos de comunicación, en un intento por justificar su ilegal actuación». Por esta razón, el organismo formalizó su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que desde noviembre de 2019 encabeza Rosario Piedra Ibarra.
Este caso dista de ser el único que se ha derivado en una queja contra la Guardia Nacional presentada ante la CNDH por posibles violaciones a los derechos humanos.
Desde su creación, este cuerpo de seguridad constituido en el actual sexenio —gracias a una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— acumula 424 quejas en esta materia, y tanto en 2020 como en 2021 se ha ubicado en el top ten de las instituciones a las que la ciudadanía atribuye más abusos.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos reportó que en 2020 la Guardia Nacional ocupó el octavo lugar en este terreno, con 350 quejas, y en lo que va de este año se ubica en el sexto, con 74. Arriba de ella en las primeras cinco posiciones están el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Bienestar, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el ISSSTE.
En promedio, desde su creación a mediados de 2019, cada mes se han presentado 20 quejas contra la Guardia Nacional por posibles violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las críticas que este nuevo cuerpo ha recibido, el presidente López Obrador ha defendido el actuar de la Guardia Nacional y ha asegurado que no viola derechos humanos.
«Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos, estoy pendiente… Si hay constancia de violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, pues entonces rectificamos, pero si no es así, ¿por qué? ¿Solo por lo ideológico? No», dijo en su conferencia de prensa del 14 de mayo de 2020.
La directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, advirtió que lo grave de las violaciones de la Guardia Nacional, integrada principalmente por elementos de las Fuerzas Armadas, es que suelen quedarse sin sanción.
«Lo más grave no es solo que las cometan, sino que tienen la excepcionalidad de guardar un grado de impunidad que es incluso mayor que para las autoridades civiles, porque pueden clasificar la información, porque (sus elementos) pueden no ser sancionados ante la justicia civil, porque gozan de protección política e institucional», afirmó.
Entre las violaciones que se han atribuido a la Guardia Nacional destacan actos de tortura, trato cruel e inhumano, detenciones arbitrarias, empleo de la fuerza pública de forma desproporcionada, intimidación, apropiación de bienes inmuebles y retención ilegal.
«Es un problema estructural, en el que no importa quién sea el líder supremo… Históricamente la estructura está podrida, históricamente esta estructura ha cometido violaciones a los derechos humanos, y con lo único que se está tratando de paliar es dando cursos, lo que es insuficiente», consideró la activista Ixchel Cisneros.
Si bien el presidente López Obrador asegura que en su gobierno ha disminuido el índice de letalidad —que se refiere a la proporción de civiles fallecidos y heridos en actos de las fuerzas de seguridad—, Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, tiene otros datos. Contrario a lo que sostiene el mandatario, la especialista afirma que en 2019 y 2020 ese índice subió. Tan solo el año pasado, en los 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, 237 civiles y seis militares murieron.
«Son instituciones hechas para la guerra y no para garantizar la seguridad ciudadanía, no para garantizar la seguridad pública», señaló.
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