FGE imparte el curso virtual “Delitos electorales cometidos por servidores públicos”


Se resaltaron las sanciones previstas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales impartió el curso virtual “Delitos electorales cometidos por servidores públicos” en beneficio de 715 funcionarios. Esto derivado del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2021, y en cumplimiento a los acuerdos celebrados en la Mesa de Trabajo Interinstitucional coordinada por la Secretaría General de Gobierno.


El titular de la Fiscalía de Delitos Electorales, Ernesto López Hernández, mencionó la relevancia del contenido del párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala: “Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. 


También comentó que derivado de la reforma al artículo 19 Constitucional, el uso de programas gubernamentales con fines electorales, son conductas graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, y que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establece en la fracción II del artículo 11 una agravante en la sanción para los servidores públicos que condicionen los programas de naturaleza social.


El subsecretario de Servicios y Gobernanza Política General de Gobierno, Dr. Marco Antonio Sarmiento Tovilla, destacó la importancia del curso en la prevención de delitos electorales para los funcionarios públicos, y agradeció por su valioso apoyo institucional al fiscal general Olaf Gómez Hernández y a la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, por actualizar en este tema  a su personal, así como a las  funcionarias y los funcionarios de la administración pública estatal.


El curso virtual fue dirigido a 715 servidores públicos dependientes de la Secretaría General de Gobierno, de las Oficialías del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Notarías y Catastro, así como a presidentes municipales, síndicos y a la población que conforma los Consejos Municipales de Población.





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