En un informe presentado este lunes, el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza –que opera el observatorio– resaltó las “violaciones (estructurales) al derecho al trabajo digno” que imperan en México y que son fomentadas por “lagunas legales”, “omisiones y complicidades” de autoridades, pero también por los “modelos de negocio” –como el outsourcing– y la corrupción de los “dirigentes sindicales corruptos o cooptados por patrones”.
De igual manera, recordó que más de la mitad de las personas asalariadas recibe un salario inferior a la línea de bienestar mínima, y que la misma proporción no tiene contrato, mientras que más de 40% de las personas que tienen un empleo formal no están afiliadas al Seguro Social. Subrayó que apenas 15% de la población asalariada está afiliada a una agrupación sindical.
A la tasa de desempleo oficial (3%), el observatorio sumó las tasas de desocupación y “desempleo oculto” en el que se encuentra la gente que dejó de buscar un trabajo por considerar que no tiene posibilidad de conseguirlo. Con estos indicadores, determinó que la tasa de desempleo real ronda en México el 12%, similar a la de España.
Ante esta situación –observada en el último mes del gobierno de Enrique Peña Nieto–, el colectivo urgió a la administración de Andrés Manuel López Obrador a lanzar una política de “recuperación gradual del salario mínimo” –ahora de 102.68 pesos en el país y de 176.22 pesos en la zona libre de la frontera norte–, así como implementar un “sistema de seguridad social universal”.
La agrupación también demandó el gobierno federal “sancionar las prácticas ilegales usadas para violar los derechos laborales”, y de manera específica los esquemas de “outsourcing”.
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