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    jueves, 21 de marzo de 2019

    Las políticas públicas de AMLO son asistencialistas, religiosas y morales, fustigan ONG


    OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde externan su preocupación sobre el diseño de sus políticas públicas que –dicen–están “basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los derechos humanos”.

    En el marco de su visita este 21 de marzo, día del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, le plantearon su preocupación en materia de derechos humanos, derecho a la consulta a los pueblos originarios contra proyectos neoliberales y la militarización a través de la Guardia Nacional.

    Resaltaron que “Guelatao es considerado cuna del Estado laico, y de la República, y donde surgió el primer presidente indígena del mundo” y es ahí donde existe un compromiso con los pueblos indígenas que exigen derecho a la consulta.

    Hicieron hincapié que “los pueblos indígenas del mundo son únicamente el cinco por ciento de la población mundial, de los cuales 25 millones son mexicanos.

    “Mantenemos a nuestro resguardo el 80% de la biodiversidad del planeta y la Sierra Juárez resguarda siete de los ocho ecosistemas nacionales”, subrayaron.

    Por ello, señalaron:

    “Vemos con preocupación que a pesar de la existencia de estándares internacionales bajo los lineamientos de ‘consulta previa, libre e informada’, no han existido mecanismos legalmente adecuados para garantizar la libre determinación, autonomía, gobernanza ambiental, y transparencia en la toma de decisiones de los pueblos originarios sobre sus territorios.

    Por el contrario, agregaron, las Naciones Unidas en días recientes opinaron que las consultas realizadas por el gobierno federal, parecieran “rituales de legitimación política”, mas no un acto legal, por lo que este ejercicio no puede sustituir el derecho a consulta indígena en el contexto de años de resistencia al extractivismo y despojo, tanto en la Sierra Juárez, como con el Proyecto Integral Morelos, Tren Maya, entre otros.

    No a la militarización

    Respecto a la militarización le recordaron a López Obrador que cuando realizó su visita a Guelatao en calidad de candidato a la presidencia de la república, enalteció la forma de gobierno de las comunidades serranas, e incluso señaló que retomaría dicho modelo para su proyecto de nación.

    “No obstante, vemos la aprobación de la Guardia Nacional, y la presencia de militares en el país y la región, quienes además han realizado cacería de especies designadas como protegidas por las asambleas comunitarias de las comunidades de la Sierra Juárez”, lo cual representa una trasgresión al sistema de cargos, y sus propios mecanismos de gobernanza y seguridad de los pueblos, pues no fueron consultados sobre la presencia de cuerpos castrenses para realizar acciones de vigilancia y seguridad, añadieron.

    Aunado a ello denunciaron que prevalece la impunidad en las ejecuciones y desapariciones de defensores del territorio:

    “En los últimos dos sexenios, ha existido una constante persecución, ejecuciones, desapariciones, de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y defensores del medio ambiente y territorio como es el caso del asesinato de Bety Cariño y Jiry Jakkola, Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez Álvarez, y recientemente la desaparición de Sergio Rivera, y el asesinato de Samir Flores. Igualmente, las víctimas de tortura, desaparición forzada, y detenciones arbitrarias del movimiento social en Oaxaca durante 2006.

    En síntesis, “nos preocupa que no se encuentren en la agenda de víctimas en espera de reparación, disculpas públicas, y garantía del acceso a la justicia”.

    Añadieron que también les preocupan los señalamientos que desacreditan el trabajo de las organizaciones, quienes han realizado aportes trascendentales al país mediante la conquista y defensa de derechos fundamentales en las últimas décadas, observación que fue puesta sobre la mesa el 14 de marzo en la asamblea de Naciones Unidas en Ginebra Suiza.

    “Tememos que la política pública del gobierno en turno viole el Estado laico que establece la constitución, pues se ha percibido su evasión a tratar el acceso a derechos fundamentales como la despenalización del aborto, la diversidad sexual, cancelación de estancias infantiles, la incertidumbre en el funcionamiento de los refugios para mujeres, es decir, nos preocupa el diseño de políticas públicas basadas en argumentos asistencialistas, religiosos, morales, y no bajo promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos”, finalizaron.

    El documento lo firman organizaciones como la Agencia Internacional de Prensa Indígena, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, los Centros de Derechos Humanos Digna Ochoa, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social y Tlachinollan de la Montaña de Guerrero, entre otras.
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