XALAPA, Ver. (apro).- Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación y excontralor general del estado en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, “fue absuelto” del delito de desvío de recursos del erario en el periodo 2010-2016.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobierno del priista por malversar recursos públicos por el orden de 70 mil millones de pesos.
Audirac fue detenido por agentes ministeriales el 29 de marzo de 2017 en el estado de Puebla, acusado de transferir 220 millones de pesos –otorgados por la federación– de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) a una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan), donde los recursos se esfumaron.
El 3 de diciembre de 2018 el exfuncionario duartista salió del penal regional de Pacho Viejo, luego de que la medida cautelar de “prisión preventiva oficiosa” fue cambiada para llevar su proceso penal en libertad. Casi cuatro meses después, Mauricio Audirac fue exonerado por el juez de Control Francisco Javier Hernández Lima, quien consideró “la no vinculación a proceso” en cumplimiento del amparo 528/2017 que concedió el Juzgado Segundo de Distrito de la Federación.
Al excontralor también se le acusaba de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el exfuncionario duartista presuntamente solicitó al exdirector del Seguro Popular en la entidad, Leonel Bustos, transferencias bancarias –del 28 de noviembre al 16 de diciembre de ese año– por 2 mil 300 millones de pesos. Dicho recurso fue “utilizado” en “instrumentos financieros” a favor del gobierno del estado, apuntó.
Audirac acudió este jueves a la Sala de Juicios Orales a recoger su pasaporte, que le había sido retenido como parte de las medidas cautelares, con el fin de evitar que saliera del país.
Lo mismo ocurrió la semana pasada con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, quien reclamó su pasaporte en el mismo centro penitenciario, y sostuvo que la justicia poco a poco le ha ido resarciendo los bienes que adquirió como “ciudadano de bien”, como su notaría.
De los casi 10 funcionarios duartistas que fueron puestos en prisión durante el bienio de Miguel Ángel Yunes, ya todos obtuvieron la libertad, salvo el exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras.
En la liberación de los exsecretarios de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; de Salud, Juan Antonio Nemi, y de la vocera Georgina Domínguez, hubo visos de componendas políticas con el fiscal Jorge Winckler y con el propio gobierno de Cuitláhuac García.
Juan Antonio Nemi Dib, colaborador en varias dependencias en el sexenio de Javier Duarte –condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero–, reapareció el pasado martes ante la opinión pública para presumir su inocencia y asegurar que no buscará “venganza” contra quienes lo “encarcelaron”, pues ahora –dijo– su principal preocupación es “cubrir las deudas” que adquirió para defenderse mientras estaba en prisión.
“Yo ya no estoy para venganzas, para vendettas, ni para acusaciones. Se demostró que fui injustamente acusado con pruebas falsas, que fui incorrectamente vinculado a proceso. Fui privado 15 meses de la libertad por delitos que no ameritaban prisión, y finalmente las motivaciones que me llevaron a la cárcel eran de carácter político y no la búsqueda de justicia”, insistió en una rueda de prensa improvisada en un café del zócalo de esta ciudad.
Nemi Dib, quien desde diciembre pasado gozaba de “arresto domiciliario”, que cumplía en un hospital privado de la capital del estado, aseguró que tres magistrados federales “resolvieron” su inocencia en el caso, razón por la que ya no tendrá que enfrentar la justicia, e incluso ya se liberó de las medidas cautelares que cada semana lo orillaban a acudir a la cárcel de Pacho Viejo a rubricar el libro de control.
“Decidí celebrar mi libertad con un café lechero. Mi celebración no podía ser con champaña, porque no me gusta, porque no tomo. Tengo que pagar lo que debo, tengo que pagar honorarios (a su abogado), tengo que pagar tarjetas de crédito, tengo que ver cómo recupero la escuela de mis hijos, que perdieron, tengo que conseguir un empleo que me permita mantener a mi esposa, mantener a mi familia, y quiero alzar la voz por los presos que son inocentes”, insistió una y otra vez.
En el gobierno de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi arrancó el sexenio como director del DIF estatal, a cargo de Karime Macías de Duarte –hoy con solicitud de extradición de la Fiscalía General de la República–, posteriormente fue secretario particular del gobernador y luego secretario de Salud, cargo en el que se le fincaron los delitos que lo llevaron a la cárcel por 15 meses. Concluyó el sexenio con un cargo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Nemi Dib estuvo en prisión acusado de los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad en agravio del servicio público y en perjuicio del patrimonio del estado, y por la violación a la Ley de Obras Públicas del Estado.
En la carpeta de investigación 139/2017, la Fiscalía General del estado soslayó que a todas luces la empresa Gran Marca Proyectos no “era elegible” para hacerse cargo de la construcción de la Torre Pediátrica, sin embargo, recibió una adjudicación directa por tráfico de influencias, según la denuncia presentada en junio pasado por el entonces contralor general veracruzano Guillermo Moreno Chazzarini, hoy titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
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