Más de 300 trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron hoy un presunto desvío de recursos por unos 12 millones de pesos que estaban destinados al pago de sus “gastos de camino”, y que en todo 2017 y lo que va de este año no han recibido, por lo que se ha puesto en riesgo así a las caravanas de la salud, que tienen como prioridad atender la muerte materna y muerte infantil en la entidad.
Este jueves, médicos, enfermeras, personal operativo y otros señalaron que son más de 300 los elementos de las diferentes jurisdicciones sanitarias del estado a los que les deben recursos federales que, a nivel estatal, podrían estarse desviando a otros gastos como ya se los dieron a conocer.
Rubén Darío Guillén Alcaraz, promotor de la salud de la caravana de Pantelhó y vocero del grupo inconforme, dijo que cuando se acercaron a los directivos, éstos les dijeron que el recurso en esa dependencia estatal fue destinado a programas y acciones “prioritarios”, y que no hay para pagarles sus “gastos de camino”, unos 200 pesos diarios que, sumados, serían como 46 mil pesos en promedio para cada uno de los más de 300 trabajadores.
También dijo que la falta de esos pagos por parte de la Secretaría de Salud pone en riesgo la operatividad de este programa que atiende a zonas de alta marginación y pobreza, donde indígenas y demás personas del sector rural poco acceso tienen a un centro médico.
En 2007 se puso en marcha el Programa Caravanas de la Salud (hoy Unidades Médicas Móviles), que tiene como objetivo acercar la oferta de la red de servicios de salud a través de unidades móviles conformadas por médico, enfermera y promotor a la población de municipios con bajo índice de desarrollo humano y localidades de alta marginación, y dispersión poblacional sin acceso actual a servicios, con la finalidad de “mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad”.
Además, disminuir a la mitad la razón de mortalidad materna en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano y reducir en 40% la mortalidad infantil en los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano.
Los trabajadores exigieron el pago total de esos recursos que no se les han otorgado desde el 2017 y lo que va de 2018.
Igual denunciaron que los han estado amenazando por parte de los coordinadores de las jurisdicciones por protestar y exigir ese derecho que tienen como trabajadores del sector salud. Y que el monto podría ascender a unos 12 millones de pesos.
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