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    martes, 20 de marzo de 2018

    Minera canadiense con historial de despojo y muertos en el país derrama cianuro al río Piaxtla

    La minera canadiense en San Dimas, Durango, vertió 200 litros de solución cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente. Organizaciones exigieron una valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en territorio sinaloense y urgieron a tomar medidas, ya que, señalan, la Profepa se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.
    En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono. Pero la minera es acusada de más. Por ejemplo, de haber despojado de sus tierras a ancianos de Coahuila.

    – Con información de Sibely Cañedo

    Sinaloa/Ciudad de México, 19 de marzo (Noroeste/SinEmbargo).- El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.

    Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.

    “Se tiene que evaluar el daño al ecosistema; y si hubo filtraciones al subsuelo, también del manto freático, del que se abastecen comunidades. No son sólo unos pececitos”, reclamó Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.

    Explicó que el río Piaxtla nace en la sierra de Durango, pero en su recorrido hacia el Oceáno Pacífico atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde abastece de agua a tierras de riego para la agricultura; desemboca a la altura del campo pesquero Barras de Piaxtla, además de colindar con el área natural protegida de la Meseta de Cacaxtla.

    “Son hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”, advirtió.

    Sandra Guido urgió a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intervenir debido a que el cianuro, así sea en pequeñas cantidades, es altamente tóxico y no es degradable.

    CRITICAN LEYES “LAXAS”

    Para Esperanza Kazuga, representante del colectivo Voces Unidas por el Agua, gran parte del problema radica en que las leyes son muy “laxas” con estas empresas. Esto se agrava con la dificultad de vigilar sus operaciones, que normalmente se llevan a cabo en áreas montañosas.

    “Reporta la Profepa que no tiene personal suficiente para cubrir todo el territorio, y generalmente las minas están en la sierra, entonces también por la violencia vemos difícil que puedan subir a inspeccionar”, consideró.

    La activista y empresaria insistió en que las mineras hacen ganar “a unos cuantos”, mientras los impactos negativos son para pueblos enteros. Además, dijo, los costos de reparación son muy altos en caso de un derrame, cuando no, los perjuicios son irreversibles.

    “Hay que revisar cómo se están otorgando las concesiones, ¿por qué resulta atractivo para las compañías, sobre todo extranjeras, instalarse en México? Porque en sus países las leyes son estrictas”, cuestionó.

    Señaló que es necesario revisar la legislación para obligar a estas empresas a reparar los daños que provocan o inclusive limitar su autorización.

    ¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ?

    La compañía Primero Empresa Minera S.A. de C.V. derramó 200 litros de una solución con cianuro al río Piaxtla en el municipio de San Dimas, Durango, colindante con el municipio de San Ignacio, ocasionando la mortandad de peces.

    El accidente ocurrió el 11 de marzo a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente de una solución cianurada. Al quedarse sin combustible en una pendiente, la solución fue vertida hacia el río, informó el boletín 298-18 de la Profepa. Hasta el momento, no se ha informado de ninguna sanción.

    FIRST MAJESTIC: DE ABUSO EN ABUSO

    En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

    Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

    El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

    En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

    La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

    Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

    Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

    First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

    MINAS: ABUSO TRAS ABUSO

    El 21 de febrero pasado se dio a conocer que First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, iba a San Dimas, en el estado de Durango.

    Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo entonces que planeaba trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas “para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining”.

    La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

    First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

    Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

    La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

    De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

    La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.
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