Indolencia de Velasco ya sobrepasó los límites

El diputado federal Guillermo Santiago Rodríguez señaló como grave la indolencia del gobernador Manuel Velasco Coello ante el tema de los desplazados del ejido Puebla y otros ejidos de los municipios de Cintalapa y Comitán.

En el campamento de desplazados, instalado enfrente del Palacio de Gobierno, dio a conocer que respalda la solicitud del Centro de Derechos Humanos Ku’untik y de las propias familias en esta situación, para exigir al gobierno la instalación inmediata del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas.

Indicó que esto que se está viviendo en Chiapas es porque no se pone orden ni se aplica la ley, para la solución pronta a casos de desplazamiento interno. No se está cumpliendo, se viola la ley que mandata que las autoridades deben proveer alimentación, vivienda y atención a la salud a los desplazados.

Dijo que elevará el tema ante la Cámara Baja del Congreso de la Unión para que se haga una excitativa al gobierno del estado, porque se está violando la ley en la materia.

Pidió inclusive la suma de los diputados locales para que se pida al Ejecutivo se brinde la atención a los desplazados, que se dé solución a la problemática.

Los propios desplazados expusieron que no desistirán del plantón que mantienen desde la semana pasada en la Capital de Chiapas, hasta en tanto no sean atendidos en sus derechos, así como el desarme del grupo armado que obedece a la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez.

Revelaron que de no encontrar atención como lo han planteado dentro de la legalidad, tendrán que tomar otras acciones radicales, sobre todo que hay entre ellos compañeros que están dispuesto a todo.

A este movimiento se suman diez familias desplazadas del ejido Tenango

del municipio de Ocosingo porque desde enero de 2015 están en esta situación y no han sido atendidos, solamente los han traído del tingo al tango. Lo mismo, las familias desplazadas del ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo en 2008.

Los desplazaron manifestaron su inconformidad porque han pasado varios años y no les dan atención a sus casos, en tanto tienen la percepción que el gobierno no les hace justicia y protege a los responsables que los agredieron y despojaron de sus bienes.