CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La estrategia de compra de votos mediante el uso electoral de los programas sociales del gobierno federal ya está en marcha. A pesar de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado lunes 5, de que su única participación en las elecciones será la emisión de su voto el 1 de julio, la realidad es que el gobierno federal –en algunos casos en colaboración con los gobiernos estatales del PRI– está dedicado a tratar de darle vida a su debilitado candidato presidencial.
La secuencia de hechos y declaraciones no dejan lugar a dudas: el 11 de febrero, en el cierre de su precampaña en Tlalnepantla, José Antonio Meade señaló que, inspirado en el triunfo priista de 2017 en el Estado de México, se aprestaba a ganar la elección presidencial; el 15 de febrero el gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo, entregó las primeras 3 mil tarjetas del programa denominado Salario Rosa y de inmediato empezó un intenso programa de promoción mediática del mismo, y el 1 de marzo el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, anunció que el gobierno federal no detendrá la entrega de los programas sociales, pues existe un blindaje robusto y sólido de éstos.
Durante su campaña electoral para la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo prometió un salario de mil 200 pesos mensuales a las madres de familia dedicadas a las labores del hogar; el 20 de mayo de 2017, el diario Reforma publicó un reportaje donde develaba que los promotores del voto priista entregaban tarjetas Salario Rosa a cambio de fotocopias de la credencial de elector y prometían que, si el candidato tricolor ganaba la elección, las receptoras recibirían su salario mensual.
El 14 de julio de ese año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó sancionar la entrega de dichas tarjetas como una forma de compra de votos; posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución.
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