CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La estrategia de compra de votos mediante el uso electoral de los programas sociales del gobierno federal ya estĂ¡ en marcha. A pesar de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto, el pasado lunes 5, de que su Ăºnica participaciĂ³n en las elecciones serĂ¡ la emisiĂ³n de su voto el 1 de julio, la realidad es que el gobierno federal –en algunos casos en colaboraciĂ³n con los gobiernos estatales del PRI– estĂ¡ dedicado a tratar de darle vida a su debilitado candidato presidencial.
La secuencia de hechos y declaraciones no dejan lugar a dudas: el 11 de febrero, en el cierre de su precampaña en Tlalnepantla, JosĂ© Antonio Meade señalĂ³ que, inspirado en el triunfo priista de 2017 en el Estado de MĂ©xico, se aprestaba a ganar la elecciĂ³n presidencial; el 15 de febrero el gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo, entregĂ³ las primeras 3 mil tarjetas del programa denominado Salario Rosa y de inmediato empezĂ³ un intenso programa de promociĂ³n mediĂ¡tica del mismo, y el 1 de marzo el vocero de la Presidencia, Eduardo SĂ¡nchez, anunciĂ³ que el gobierno federal no detendrĂ¡ la entrega de los programas sociales, pues existe un blindaje robusto y sĂ³lido de Ă©stos.
Durante su campaña electoral para la gubernatura del Estado de MĂ©xico, Alfredo del Mazo prometiĂ³ un salario de mil 200 pesos mensuales a las madres de familia dedicadas a las labores del hogar; el 20 de mayo de 2017, el diario Reforma publicĂ³ un reportaje donde develaba que los promotores del voto priista entregaban tarjetas Salario Rosa a cambio de fotocopias de la credencial de elector y prometĂan que, si el candidato tricolor ganaba la elecciĂ³n, las receptoras recibirĂan su salario mensual.
El 14 de julio de ese año, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazĂ³ sancionar la entrega de dichas tarjetas como una forma de compra de votos; posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciĂ³n ratificĂ³ la resoluciĂ³n.
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