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    miércoles, 28 de febrero de 2018

    Discrecional reparto de recursos a entidades

    28 febrero, 2018
    Ciudad de México.- En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha repartido de manera discrecional hasta más de 63 mil millones de pesos al año a través del Ramo 23, incluso con “interpretaciones políticas” para favorecer a gobernadores, denunció la organización México Evalúa.
    Entre las conclusiones del informe Arquitectura del Ramo 23, dado a conocer este martes en conferencia de prensa, la organización destaca que existe un “patrón en el que las decisiones de gasto público son tomadas dentro de una arquitectura institucional discrecional que, en lugar de promover buenos resultados, ha contribuido a diluir la calidad del gasto público”, lo cual convierte a la aprobación presupuestaria “en un simulación”.
    Esto ha ocasionado excesos, advierte la organización: de una autorización presupuestal de 22 mil millones de pesos para gastar a través de los programas discrecionales, el gobierno en lo que va de la administración gastó más de 290 mil millones de pesos.
    Mientras en la administración anterior, el gasto promedio anual repartido de manera discrecional era de 14 mil 230 millones de pesos, en el actual sexenio la cifra llegó a 63 mil 693 millones de pesos.
    Entre 2009 y 2012, el total ejercido bajo los tres programas que echan mano del Ramo 23 (Fondo para el Fortalecimiento Financiero, Programas Regionales y Contingencias Económicas) fue de 56 mil 922 millones de pesos, mientras que entre 2013 y 2017, fue de 318 mil 465 millones de pesos.
    Esta cifra, explicó Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, al presentar el documento, equivale a 30% del incremento en la recaudación tributaria entre 2014 y 2017, que incluye el incremento de impuestos y el alza al precio de las gasolinas.
    Además, asegura que dichas transferencias discrecionales no se tratan de un “accidente, sino de un diseño institucional que debe cambiar”.
    La organización identificó que factores como una regulación fragmentada y deficiente, una Secretaría de Hacienda que actúa como juez y parte y un Congreso que no sirve de contrapeso han permitido que el llamado Ramo 23 transfiera una cantidad “importante” de recursos a estados y municipios “a criterio exclusivo de la SHCP, siendo susceptible de usarse políticamente”.
    En el informe, la organización no gubernamental advierte que existe una inconsistencia entre el gasto ejercido y el presupuesto aprobado, donde el gobierno federal ha seguido gastando más y de manera diferente a lo que aprueba el Congreso.
    En México, a diferencia de otros países democráticos, la SHCP goza de amplias facultades para asignar recursos excedentes provenientes de impuestos y aprovechamientos sin justificar ni informar y también sin regular dichas adecuaciones a los presupuestos asignados.
    Esto, dice la organización, “debilita la función del Congreso en su rol de vigilante efectivo del ejercicio del gasto”.
    Por lo tanto, recomendó controlar la discrecionalidad a través de objetivos claros con un diseño documentado que permita el monitoreo y la evaluación, además de revisar las facultades de la SHCP, oficialías mayores y el Congreso para asignar y vigilar el uso de recursos y prohibir subsidios sin reglas de operación.
    También, promover mayor independencia fiscal a los gobiernos locales, transparentar la entrega de subsidios y los convenios que se firman, regular los mecanismos de asignaciones presupuestarias y garantizar un contrapeso de las mismas, entre otras acciones.
    Dinero con uso político
    México Evalúa encontró que las transferencias discrecionales han favorecido a gobernadores pertenecientes al mismo partido que el Ejecutivo Federal, situación que se observó tanto en la última administración panista como en la actual priista, pero también han perjudicado a gobiernos emanados de partidos distintos al del gobierno federal.
    El análisis señala transferencias del Ramo 23 a través de tres programas de subsidios que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.
    Además el uso de estos recursos del Ramo 23 ha presentado serias irregularidades al ser analizados por la Auditoria Superior de la Federación.
    En las  revisiones a las Cuentas Públicas 2013 a 2016, México Evalúa refiere que estos subsidios acumularon una cantidad considerable de irregularidades. “Se trata de una bolsa millonaria de recursos cuya asignación queda a criterio exclusivo de la SHCP; sin reglas de operación, sin diseño ni normatividad, esta secretaría decide a quién otorgarle recursos, por qué, cuánto y cuándo”, explica.
    El informe, elaborado por Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas, revisó el comportamiento de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Sonora.
    En Chiapas en el periodo 2009-2012, cuando el estado era gobernado por la coalición PRD-PT-Convergencia, la entidad recibió recursos federales del Ramo 23 mayores que la media nacional.
    El informe señala que en la elección estatal con gobiernos de distinto partido le tocó un monto menor al promedio nacional por única vez.
    En 2012 recibió recursos 16.9 veces menores que los que recibió en 2010 y siete veces menores que los que recibió en 2009.
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