El quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, demandó a los gobiernos federal y estatal cumplir con las medidas cautelares que el organismo solicitó hace un mes para los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, desplazados de sus comunidades por conflictos territoriales.
Este jueves, tras una reunión con autoridades estatales y municipales, así como con párrocos e integrantes de la sociedad civil, Corzo Sosa manifestó que aún persiste la situación de desplazamiento forzado interno en la zona, pero lo más preocupante, dijo, es que muchas personas viven con temor a ser agredidas por sujetos armados que disparan al aire desde las montañas.
Tras destacar que por varias semanas habitantes de Chalchihuitán no pudieron transitar por diversas vías debido al bloqueo carretero, el Quinto Visitador constató que las brigadas de salud son insuficientes y la entrega de ayuda humanitaria no se brinda con oportunidad.
“No hay suficiencia en alimentos, no hay médicos y medicinas suficientes para los enfermos. Los niños y niñas siguen sin clases en esas comunidades. Pero lo más importante es que no hay seguridad para la población afectada, pues han denunciado incursiones de personas armadas que hacen disparos”, puntualizó.
Ante tal situación, recordó las medidas cautelares que la CNDH emitió y demandó la intervención inmediata y efectiva de las autoridades para resguardar y atender a la población afectada.
Más tarde, en un comunicado, la CNDH recordó que el pasado 28 de noviembre solicitó medidas cautelares en favor de más de cinco mil habitantes de los municipios de Chalchihuitlán y Chenalhó, Chiapas, desplazados por conflictos territoriales y de seguridad, quienes hasta ahora “no reciben la atención y apoyos que requieren”.
Comentó que notificó del envío de oficios al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón; al secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, y los ediles de Chenalhó y Chalchihuitán, Rosa Pérez Pérez y Martín Gómez Pérez, respectivamente.
En los documentos les solicitó que, “de acuerdo con sus competencias y de forma coordinada (…) se realice un censo de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno y que se garantice que a las víctimas les sean satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, salud y alojamiento”.
Sin embargo, tras una supervisión en la región afectada, el quinto visitador general Edgar Corzo y personal de la CNDH observaron que las personas desplazadas “no cuentan con condiciones mínimas de seguridad para que su integridad y vida no estén en riesgo”.
Además, en conversaciones con los afectados, así como con autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil fueron enterados de que por las noches “personas armadas las acosan, disparan y queman sus viviendas”.
Según el organismo, “el ambiente de temor e inseguridad que esto les ha provocado, impide que quienes requieren servicios de salud acudan a los hospitales y que los estudiantes asistan a las escuelas”. Por ello, demandó “la intervención inmediata y efectiva de las autoridades, para resguardar y atender a la población desplazada”.
La CNDH informó que, durante la visita a la zona afectada, el colectivo Cereza solicitó el apoyo y acompañamiento del personal del organismo para entregar víveres en los asentamientos donde se encuentran las personas desplazadas, operativo que se realizará este sábado 16. Por ello, pidió “medidas preventivas para evitar nuevas agresiones”.
Asimismo, el organismo reportó que Corzo y el personal que lo acompaña tuvieron encuentros con funcionarios de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quienes informaron sobre las acciones que han llevado a cabo para atender a las personas desplazadas de Chalchihuitlán y Chenalhó, dependencias a las que la CNDH “solicitó se intensifiquen y refuercen” sus apoyos.
Para el organismo resulta indispensable que, además del cumplimiento que se dé a las medidas cautelares, las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen “acciones para recuperar la normalidad y la convivencia pacífica entre las personas de las comunidades” señaladas, dentro del marco de la ley, “con sensibilidad, respeto y pluralidad los planteamientos hechos por los habitantes de las comunidades antes mencionadas”.
La CNDH puntualizó que las autoridades federales, estatales y municipales deben propiciar “una solución conciliatoria a la problemática existente” entre ambas comunidades, “previniendo incidentes de violencia y procurando que las personas desplazadas cuenten con condiciones dignas de vida en tanto es posible el retorno a sus comunidades de origen”. (Con información de Gloria Leticia Díaz)
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