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    martes, 21 de noviembre de 2017

    A más de dos meses del sismo del 7-S chiapanecos afectados siguen sin casa y escuelas: Informe


    Miembros de diversos organismos defensores de los derechos humanos dieron a conocer hoy un informe que detalla las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo miles de damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre, el más grave: la violación del derecho a la vivienda.


    Realizaron una Misión de Observación por diversas comunidades afectadas por el sismo en Tonalá y Pijijiapan y pusieron ambas comunidades como un ejemplo de lo que viven miles de damnificados en Chiapas a más de dos meses del terremoto que devastó a comunidades enteras y afectó a muchas en 97 municipios del estado.

    Tras la visita a las comunidades Huizachal y el Paredón en Tonalá y Gustavo López y Nueva Urbina en Pijiiapan, los miembros de la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Voces Mesoamericanas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa dieron a conocer lo que consideraron tan sólo una muestra de la gravedad que se vive en la entidad.

    En esta visita fueron acompañados por miembros del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor) y el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz). También se reunieron con los presidentes municipales de Tonalá y Arriaga.

    “Nuestra visita a las comunidades nos permitió constatar una grave desinformación sobre los criterios y procedimientos en el otorgamiento de apoyos para el proceso de reconstrucción. Dichas falencias son imputables al Estado sin duda, pues es su responsabilidad garantizar el derecho a la información para la toma de decisiones, así como la transparencia en el uso de los recursos públicos”, dijo Quetzalcóatl G. Fontanoti, de la Red TDT.

    Señaló que de manera preliminar pudieron observar ciertas inequidades y elementos discriminatorios en el otorgamiento de apoyos, lo cual genera un proceso de revictimización en las personas y comunidades.

    Observaron también una grave descoordinación del gobierno federal con las instancias municipales y con la sociedad al grado que no se ha compartido información básica para garantizar los derechos de las personas afectadas por los sismos del 7 de septiembre y sus réplicas.

    “Nos preocupa especialmente el impulso a la participación de fundaciones privadas en el proceso de reconstrucción. Preliminarmente detectamos un intento de canalización de recursos públicos sin licitación clara que quiere hacerse pasar como caridad y solidaridad”, dijo el activista.

    Explicó que existe un proceso de imposición cultural a través de prototipos de construcción que responden a una lógica centralista y no son susceptibles de adaptarse a las necesidades de la población local, no cumplen con los criterios mínimos que permitan un ejercicio del derecho humano a la vivienda digna y ni siquiera cumplen con criterios básicos de calidad.

    “De la misma forma notamos deficiencias importantes en materia de servicios de salud, agua, saneamiento y atención psicosocial dirigida a la población afectada por los sismos, así como preocupantes rezagos en la atención y respuesta a las afectaciones de las instalaciones públicas de salud y educación. En este último aspecto, nos preocupan mucho las graves afectaciones a la población infantil y juvenil pues las clases se han visto muy afectadas y hay varios lugares donde no se han reanudado”, añadió Fontanoti.

    Recibieron preocupantes testimonios de agresiones a personas defensoras en el contexto de su trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos y apoyo a las personas y comunidades víctimas en relación a los sismos y réplicas.

    Ante esto, llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que realicen acciones tendientes a remediar las graves fallas detectadas en el padrón de beneficiarios, a coordinarse eficazmente y a compartir información en beneficio de las víctimas.

    Demandaron también investigar, resolver y evitar posibles actos de corrupción en torno a la entrega de tarjetas y pidieron a las autoridades estatales y municipales garantizar el derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente los integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá.

    Además de Fontanoti, estuvieron en el acto Mari Ruiz de SERAPAZ, Guadalupe Nuñez Salazar del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa y Normaida Guzmán y Jennifer Haza de la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS).

    Más de 400 mil niños sin escuela

    Esta última organización denunció que a más de dos meses del terremoto de 8.2 grados, más de 400 mil niños se han visto afectados de forma parcial o total y les está siendo violentado su derecho a la educación.

    Denunció que el gobierno en sus tres niveles no ha entendido que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser los primeros en recibir atención tras la tragedia vivida en Chiapas con el sismo que sacudió la entidad.

    Jennifer Haza, de la organización civil Melel Xojobal, y miembro también de REDIAS, dijo que es “urgente, prioritario e impostergable” destinar la mayor parte de los recursos públicos a la reconstrucción de escuelas, viviendas y comunidades donde niñas y niños fueron profundamente afectados.

    Indicó que el Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas no está asumiendo su función de coordinar desde este espacio las acciones de seguimiento a la emergencia y reconstrucción con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia.

    El pasado lunes, en Tuxtla, en el marco del 28° Aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN), las organizaciones integrantes de REDIAS denunciaron la poca o nula respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la grave situación que viven la infancia y adolescencia chiapaneca afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre.

    Haza dijo que los fenómenos naturales se convierten en “desastres” por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 77% de la población en la entidad, y por la corrupción e incapacidad de actuación del Estado.

    Expuso que, de acuerdo con la información difundida por el Sistema Estatal de Protección Civil, 97 de 122 municipios del estado resultaron con afectaciones y fueron declarados en desastre, lo que equivale al 79% del total, y se contabilizaron más de 80 mil 500 viviendas afectadas, de las cuales alrededor de 58 mil tienen daños parciales y más de 22 mil deberán ser demolidas.

    Añadió que registros realizados por la sociedad civil organizada, indican que al menos dos mil 337 escuelas resultaron afectadas, lo que equivale a 18 mil 930 docentes sin lugar para ejercer su trabajo y a 424 mil tres alumnos sin clases desde hace poco más de dos meses.

    Ante ello, subrayó, la respuesta por parte de las instituciones públicas ha sido descoordinada e insuficiente tanto como en la atención inmediata, como en el proceso de reconstrucción.

    Sin agua potable

    De acuerdo con información recabada por iniciativas solidarias de la sociedad civil, en comunidades de la zona Costa, como Paredón, en el municipio de Tonalá, donde se derrumbaron un elevado número de viviendas, las niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a agua potable, se carecen de medidas para el manejo de aguas negras, y un número elevado presenta conjuntivitis como consecuencia de la falta de higiene.

    Por ahora, la suspensión de actividades escolares es indefinida y cuentan con pocos conocimientos sobre cómo responder ante fenómenos naturales y prevenir riesgos.

    Haza indicó que el temor y la angustia por nuevas réplicas, así como la destrucción de escuelas y viviendas, está afectando de forma importante el retorno de la niñez a la vida cotidiana.

    Añadió que la mayoría de las escuelas que han reanudado clases en la zona, lo han hecho fuera de los salones de clase con el apoyo de las familias de las comunidades afectadas y prevalece la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán reconstruidas sus casas.

    Recordó que el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Chiapas (SIPINNA) y las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF, son las instancias responsables de coordinar las tareas de atención en emergencias y reconstrucción, así como de realizar planes de restitución de derechos en caso de orfandad, pérdida de vivienda o retorno a la escuela en niñas, niños y adolescentes afectados.

    Ante la tragedia, denunció, las autoridades de todos los niveles “han sido omisas” en garantizar el derecho de prioridad establecido en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas.

    Haza resaltó que la participación de niñas, niños y adolescentes afectados por el sismo es primordial para la definición de acciones para atender su situación y la reconstrucción de sus viviendas. Hasta ahora la participación real, directa, efectiva y sistemática de la infancia y adolescencia no ha sido considerada en las sesiones de trabajo del SIPINNA estatal.

    Ni siquiera para el diseño del Plan Estatal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, ni en la Comisión Interinstitucional contra el Trabajo Infantil (CITI) ni en la Comisión para poner fin a toda forma de violencia, que son espacios donde se delinean estrategias y políticas públicas para atender o disminuir las problemáticas que les afectan.

    “Nos preocupa el desconocimiento de los funcionarios públicos del marco legal que protege los derechos de la infancia, así como la ausencia de financiamiento para un adecuado funcionamiento del SIPINNA estatal, los 122 SIPINNAS municipales y las Procuradurías de Protección. Desde el 2015, fecha de promulgación de la LDNNACH, el Congreso Estatal no ha destinado ni un sólo peso para su implementación”, dijo Haza.

    Mencionó la activista que la correcta operación del Sistema de Protección Integral de las Niñas Niños y Adolescentes -tanto a nivel estatal como municipal- así como el fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de los Sistemas DIF, son acciones fundamentales e impostergables, para garantizar condiciones para la supervivencia y desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por el sismo.

    Por ello exigió al gobernador Manuel Velasco Coello, como presidente del SIPINNA estatal, y a todas las instituciones integrantes a coordinar e implementar acciones de seguimiento a la emergencia y reconstrucción con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia.

    Le demandó destinar y transparentar la asignación y uso de recursos para la reconstrucción y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados por el sismo.

    Y sobre todo, brindar información oficial clara, suficiente, actualizada y disponible para las niñas, niños, adolescentes y sus familias, particularmente sobre las escuelas que están operando, los dictámenes de evaluación estructural así como los censos de las construcciones dañadas.

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