El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca se niega a cumplir con una recomendación emitida en el 2014 por un caso de tortura donde varios de sus elementos participaron, pese a que se documentó y demostró desde el primer momento, el funcionario rechaza reparar el daño y expresa a las víctimas “háganle como quieran”.
La recomendación número CEDH/VGEAAM/004/2014-R fue emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el 2014 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado hoy Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), sin embargo esta última sea negado a cumplirla.
Durante el 16 de abril del 2011, Miguel Ángel Rosette García, víctima de tortura por parte de Jesús Santos Hermenegildo Ortíz, comándate de la SSPC y otros agentes policiacos, denunció ante el organismo los actos de violencia contra su persona, sin embargo a seis años su caso ha quedado impune.
“El 26 de abril de 2011, alrededor de las 22 horas fue detenido aproximadamente por 11 elementos y llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (Satélite), donde fue torturado por 5 horas, posteriormente, el 27 de abril fue trasladado al domicilio de su madre ubicado en el fraccionamiento Montebello, cateando indebidamente la casa y al no encontrar nada los indultaron, lo golpearon y le dieron patadas toso eso delante de sus familiares”.
“Finalmente lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia donde siguió la tortura prolongada y amenaza de dañar a sus familiares sino firmaba su culpabilidad”.
A esto, agregó que posteriormente de haber sido llevado a la casa de arraigo en la Quinta Piquitos, Chiapa de Corzo, la ministerio público encargada del caso, Sonia Sánchez Hernández, participó en la tortura psicológica ya que exigió a familiares facilitar la culpabilidad del delito.
Posterior a la recomendación, la FGE y la SSyPC, aceptaron la recomendación y con ellos reparar el daño causado, en las reuniones de trabajo para resarcir dichos daños, solamente se sentó personal de la Fiscalía la cual cumplió los puntos a los que se comprometió, no así el Gobierno del estado que a través de su jurídico, José Ramón Cancino Ibarra se comprometió a otorgar una vivienda de interés social y becas para estudiar, la SSyPC ni siquiera quiso acercarse para llegar a acuerdos.
De esta forma, Rosette García destacó que a más de un año (12 de mayo del 2016) de la minuta de trabajo con funcionarios de primer nivel, José Ramón Cancino Ibarra, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, no ha cumplido con lo acordado, así como es el caso de su vástago José Ramón Cancino Crocker, visitador general especializado de Atención de Asuntos de Migrantes, quien no ha priorizando el tema y procedió a cerrar el expediente para proteger a su padre.
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