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    lunes, 17 de julio de 2017

    Familiares de enfermera asesinada en Chiapas denuncian al juez que dejó libre al responsable

    Amigos y familiares de la enfermera Yuri Lisset Méndez Trejo, asesinada el 25 de noviembre de 2016, denunciaron que el juez Iván Martínez Villatoro dejó en libertad al responsable del feminicidio de la joven, pese a las evidencias presentadas para incriminarlo.


    Con una marcha que partió rumbo a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), activistas y feministas, junto con amigos y familiares de la joven, exigieron la intervención de esa instancia, al tiempo que interpusieron un recurso de amparo (634/2017) para impugnar el fallo de Martínez Villatoro.

    Yamil Trejo Arrazate e Itzel Méndez Trejo, madre y hermana de la víctima, recordaron que Yuri Lisset, de 21 años, salió de su casa el 24 de noviembre pasado para cenar con dos amigos, Milton Carlos Caso Cobaxin e Iván Alonso Orantes, pero nunca regresó.

    Al día siguiente se reportó que la joven había sido atropellada en la carretera que conduce al poblado Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla, y en ese hecho perdió la vida.

    Sin embargo, los familiares de la joven iniciaron sus propias investigaciones y determinaron que eso no sucedió así y que Yuri Lisset fue víctima de feminicidio.

    Señalaron que un agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Homicidios ignoró de manera intencional las pruebas que tipificaban el feminicidio, tal como lo establece el artículo 164 bis del Código Penal, y consignó el expediente ante el juez como homicidio.

    En enero pasado, Milton Carlos Caso Cobaxin declaró sobre el caso ante el MP y señaló como responsable de la muerte de la enfermera a Iván Alonso Orantes, quien –subrayó– iba en la parte trasera del carro con Yuri Lisset y empezó a golpearla en la cara. Ella intentó huir del vehículo en movimiento, pero no lo consiguió.

    Tras el forcejeo, relató, Iván Alonso la golpeó con un palo en la parte frontal del cráneo y luego la aventó del vehículo a la orilla de la carretera. Tras ello, añadió, el presunto asesino le pidió que lo dejara ponerse al volante y Milton Carlos se colocó en el lugar del copiloto, y aquél le advirtió que no dijera nada a nadie si no quería meterse en problemas.

    Iván Alonso fue detenido, pero permaneció encerrado sólo 144 horas porque el juez determinó no vincularlo a proceso.

    Juez encubridor de feminicidios: Red Colectiva Ciudadana

    La Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios reprobó el papel de Iván Martínez Villatoro, y señaló que en otro caso también determinó no vincular a proceso al imputado por ejercer violencia contra su expareja.

    Liliana Bellato y María de los Ángeles Cruz Hernández, integrantes de la Red, denunciaron que el juez resolvió que las palabras “pendeja, idiota, estúpida, buena para nada”, pronunciadas por el acusado, no fueron dichas con la intención de denigrar o denostar.

    Y el dictamen psicológico que determinó afectación emocional de la víctima no fue prueba suficiente para que acreditara la vinculación a proceso del agresor.

    En el caso de Yuri Lisset Méndez Trejo, “nuevamente el juez no considera que los datos de prueba sean suficientes para vincular a proceso al imputado, aun y cuando obran en la carpeta de investigación pruebas contundentes, como la de un testigo presencial, datos georreferenciados, ubicación del imputado en el lugar de los hechos y más datos que resultan determinantes para una resolución de vinculación”, destacaron.

    Las activistas señalaron que en estos dos casos documentados por la Red se evidencia que el juzgador no aplicó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    Tampoco aplicó los protocolos internos de la Fiscalía General del estado en materia de feminicidio y violencia de género, e hizo caso omiso a la Convención de Belem do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de aplicación obligatoria para los jueces y operadores de justicia en México, de acuerdo con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

    La Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios exigió una audiencia con el consejero presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) para conocer y ampliar la información sobre los casos juzgados por Martínez Villatoro.

    Demandaron que el CJ de Chiapas realice de manera oficiosa una investigación de las resoluciones emitidas por el juez en casos de violencia contra mujeres y niñas, y pidieron la aplicación de protocolos y marcos normativos vigentes para juzgar con perspectiva de género los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas.

    Y, de ser procedente, que el juzgador sea cesado o inhabilitado para el cargo.
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