Profesores que reclaman el pago de 150 millones de pesos al gobierno del estado de el 2013 a la fecha, cumplieron 96 horas de plantón de labores en las principales calles de Tuxtla Gutiérrez y no se moverán hasta recibir una respuesta favorable.
El pasado 3 de julio los docentes realizaron una manifestación que salió del lado oriente de la ciudad, a la altura de la estatua “Diana la cazadora” y culminó frente a palacio de gobierno, donde confirmaron la suspensión de actividades.
En ese momento, Alejandro Ovando Rodríguez, secretario de Trabajo y Conflicto de este nivel educativo, precisó que son más de dos mil 500 maestros (de los cinco mil inscritos en el sector) a los que se les tiene algún tipo de adeudo con sueldos que van de los cinco a los 10 mil pesos; hasta este 6 de julio, no hay ningún avance significativo con el gobierno.
De acuerdo con los docentes, estas actividades no afectan las clases en el sector educativo, porque el ciclo escolar ya fue culminado y solo están en la parte final de clausuras y calificaciones.
En tanto, transportistas asalariados y que están adheridos a la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), cumplieron 17 días de mantener sus unidades en protesta, porque la Secretaría de Transporte no ha cumplido sus demandas que se relacionan con el otorgamiento de permisos.
El líder del grupo, Jorge Omar Vázquez, confirmó que si las autoridades se niegan a atenderlos, a pesar que este grupo de transportistas apoyó en el plan emergente en enero de este año debido a un paro en la modalidad de colectivo, el 15 de julio iniciarán una huelga de hambre.
Agregó que están en proceso de analizar cómo y quienes iniciarán esta actividad, pero ya han acudido a instancias protectoras de los Derechos Humanos para que reciban el apoyo en este tema.
El líder transportista reiteró que ellos no buscan engañar a la ciudadanía, simplemente, están luchando por un derecho que les corresponde a sus compañeros que, además, llevan más de 20 años trabajando en el sector.
Aclaró que esto lo hacen porque al titular de la Secretaría del Transporte le vale “un cacahuate” lo que pase con el gremio y, por lo tanto, debería renunciar a su cargo. Puntualizó que ellos no están pidiendo concesiones en estos momentos, pero sí exigen transparencia en el transporte y que el gobierno escuche las exigencias que tienen en relación al compromiso (verbal) que hiciera la Secretaria de Transportes. Esto ha afectado a más de 100 afiliados y para sobrevivir están en roles de trabajo.
Finalmente, frente a la palacio de gobierno también se encuentran representantes de 22 familias que fueron desplazadas del municipio de Ixtapa en el 2012 y que, desde entonces, han tenido que sobrevivir en condiciones insalubres por la falta de una vivienda digna.
Ellos le reclaman al Gobierno estatal el cumplimiento de la recomendación 83/2013 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, entre otras cosas, detalla la reubicación de estas personas en mejores espacios, que cuenten con acceso a la educación y a la salud.
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