San Antonio, TEXAS
Por lavar dinero para el Cartel del Pacífico, el empresario mexicano Mauricio Sánchez Garza fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión, en una Corte Federal de San Antonio, Texas.
La Oficina del Procurador Federal para el Suroeste de Texas informó que Sánchez Garza, de 46 años de edad, fue sentenciado por el juez federal Xavier Rodríguez, a un total de 63 meses en prisión, seguido de tres años de libertad condicional.
Sánchez Garza, originario de Guadalajara, Jalisco, se declaró culpable en octubre de 2016 del delito de conspiración para cometer lavado de dinero.
El empresario huyó de Estados Unidos en 2010 para evitar su enjuiciamiento, pero fue detenido en México en enero de 2016 y extraditado a San Antonio, en julio de ese año.
El juez autorizó que el tiempo acumulado desde su detención en México contara para su sentencia.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, Sánchez Garza, su hermano mayor, Alejandro, y otro sujeto llamado Jorge Vázquez lavaron dinero de carteles mexicanos, entre 2005 y julio de 2011.
El Departamento del Tesoro de EU lo acusó a él y a su familia de involucrarse con el Cartel del Pacífico, encabezado por el encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Sánchez Garza es identificado por autoridades mexicanas como operador de Juan José Esparragoza, “El Azul”, otro de los líderes del Cártel del Pacífico.
Sánchez Garza también se asoció con el narcotraficante Jorge Vázquez Sánchez, para secuestrar al hermano de uno de sus socios comerciales, a fin de obligarlo a cederle los derechos del guión de la película "María, Madre de Cristo".
De esa forma, ambos obtuvieron el material de la que sería la precuela de “La Pasión de Cristo”, de Mel Gibson, y lo vendieron por un millón de dólares, pero la cinta aún no se ha realizado.
En agosto de 2014, el hermano de Mauricio, Alejandro, fue sentenciado a 30 meses de prisión en una corte federal de San Antonio, más tres años de libertad vigilada, tras declararse culpable de lavado de dinero.
Jorge Sánchez fue condenado a una pena de 48 meses de prisión, seguida de tres años de libertad supervisada, luego de declararse culpable de extorsión.
El caso fue investigado por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del Procurador General de Texas.
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