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    jueves, 1 de junio de 2017

    Familias desalojadas llevan dos meses “pasando hambre y enfermedades” en Chiapas: OCEZ-RC

    Alrededor de 150 familias de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Venustiano Carranza (OCEZ-RC), se encuentran refugiadas desde hace dos meses en precarias chozas, luego de que fueron desalojadas de diversos predios que habían invadido en los municipios de Venustiano Carranza y Amatenango del Valle.


    De acuerdo con la OCEZ-RC, en el desalojo participaron grupos paramilitares y corporaciones policiacas al servicio de los terratenientes, quienes destruyeron los poblados y robaron todas las cosechas y pertenencias.

    Las familias desalojadas se encuentran ahora en el tramo carretero El Cascajal, del municipio de Venustiano Carranza, “sufriendo las inclemencias del tiempo y pasando hambre y enfermedades”, señaló la organización en un comunicado.


    Indicó que desde el desalojo buscaron un acercamiento con el gobierno de Manuel Velasco Coello para la instalación de una mesa de dialogo, y fueron atendidos por el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien nombró como comisionados al subsecretario Jorge Utrilla, así como a Mario Carlos Culebro Velasco y Rafael Góngora y Aguilar.

    Los miembros de la OCEZ-RC pidieron al gobierno estatal “el retorno a sus tierras de las familias desplazadas, el pago inmediato de las 581 hectáreas de tierra, el respeto de los grupos en posesión de la tierra al no desalojo y la agilización de los grupos en vía de solicitud de tierra”.

    En un principio, destacaron, el gobierno se comprometió a cancelar toda orden de aprehensión en contra de los líderes invasores, y aseguró que reactivaría de forma inmediata la pensión vitalicia en beneficio de las viudas y esposas de José Santos López Aguilar, María de la Cruz Gómez y Natalia Hernández Solano, víctimas mortales de un ataque policiaco perpetrado el 30 de septiembre de 2009.

    También reclamaron al gobierno, y les fue concedida, la atención médica y reactivación del apoyo económico al campesino Juan Jiménez Zepeda, lesionado en el mismo ataque. De igual manera, el gobierno se comprometió a buscar la regularización del transporte en las modalidades de taxi, moto-taxi y camiones de bajo tonelaje adheridas a la OCEZ-RC.

    Asimismo, respetar las rutas de trabajo de las unidades, sin aplicar operativos, y en el tema del sector productivo se comprometió a instalar una mesa de trabajo en los temas del campo, educación, salud, infraestructura y vivienda.

    Sin embargo, han pasado 60 días y el gobierno estatal “se ha visto negligente en sus compromisos”, y sigue con su amenaza de desalojar a otros grupos de campesinos que mantienen invasiones de tierras bajo las siglas de la OCEZ-RC, denunciaron.

    Por ello, desde el pasado lunes 22 las familias desplazadas de sus tierras decidieron instalar un campamento en la plaza de la Catedral, en San Cristóbal de Las Casas, con el acompañamiento de comisiones de las diferentes comunidades.
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