En Chiapas el gobierno del caos

Resulta verdaderamente preocupante, la ausencia del manejo político que hay  en la entidad, en dónde ninguna autoridad prevé estrategias de intervención y/o solución de los conflictos y mucho menos se ha realizado un balance del recuento de daños, lo que estaría dando saldos negativos a muchos funcionarios, fundamentalmente al secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien si viviéramos en un Estado de derecho, él debiera de estar bajo proceso por su incompetencia y sobre todo por los delitos de Comisión por omisión en el que ha incurrido frecuentemente.


La entidad en lo que va del año ha padecido sucesos violentos en los municipios de Tila, Chenalhó, Oxchuc, Chilón, Chamula, Frontera Comalapa y Tuxtla Gutiérrez, en donde antier y fueron detenidas 236 jóvenes, presuntamente normalistas, después de que con frecuencia han realizado actos de vandalismo y saqueado mercancías en tiendas de autoservicio.

Estos sucesos nos muestra que en Chiapas se ha llegado a un punto en el que a nadie le interesa apegar sus actos en el marco de la ley. El gobierno no apega su actuación en el marco de la ley y con frecuencia toma decisiones ilegales, y la convivencia social ha llegado a un punto de deterioro, en el hoy día, cualquier grupo de personas puede obstaculizar el libre tránsito de vehículos y de personas, sin que haya una sanción al respecto.

En este sentido, en la entidad se ha llegado al deterioro de dos instituciones fundantes de la vida en sociedad, como son el poder y la norma.

Ninguna sociedad puede subsistir sin el poder – institución donde se define quien es el que toma las decisiones a nombre de todos-; históricamente se puede verificar que hay sociedades que pueden existir sin el estado, pero ninguna sociedad puede sobrevivir sin el ejercicio del poder, pues esto significa el caos. De igual manera, la sociedad, cualquiera que sea, no puede permanecer sin un marco de normas escritas o no, que regulen las relaciones y el comportamiento de las personas y que definen lo que está permitido y lo que está prohibido.

Esto resulta significativo en este momento para Chiapas, pues existe un deterioro delicado en el ejercicio del poder -en donde se dejaron de tomar decisiones para garantizar el orden, lo que conduce al caos-, pero de igual manera, aparece un desapego a las normas y  una impunidad en la impartición de la justicia, situación que implica conductas disruptivas en en las personas, en el que se dan desajustes en la regulación de la ley, que dan paso a actos que están prohibidos, pero que al no ser son sancionables, se producen mensajes simbólicos en que se pueden violar las normas que no pasa nada..

Los sucesos de violencia que hay en algunos municipios, son síntomas inequívocos del resquebrajamiento que hay en la relación del gobierno con la población. Esto puede entenderse como una crisis de representación, en la que los intereses de la población no están representados por nadie. Pero esto no se puede traducir en la inexistencia del ejercicio del poder y menos en la inaplicación de las normas, en la que se están mandando mensajes equívocos en los imaginarios de las personas, en la que nadie manda ni obedece y que además existe una permisividad de las conductas que son sancionables.

Las condiciones sociales en Chiapas son delicadas y existe un mal manejo político de las manifestaciones y la protesta recurrente en distintos puntos del territorio. De continuar con esta dinámica, las imágenes de disturbios continuarán prevaleciendo en las noticias, fortaleciendo con ello a los conflictos y el caos social, lo que evidencia la descomposición y la irresponsabilidad con que se comporta este gobierno.