El artículo 145 del Código Penal estatal vigente señala que "a la mujer que voluntariamente provoque su aborto se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad".
Sin embargo, la propuesta enviada el pasado 31 de marzo por el gobierno que encabeza Silvano Aureoles cambió el trabajo voluntario por la prisión.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, publicada el 5 de abril en la página del Congreso de Michoacán, la iniciativa enviada propone dar "de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si ocurren estas tres circunstancias:
1.- Que no tenga mala fama.
2.- Que haya logrado ocultar su embarazo.
3.- Que éste sea fruto de una unión ilegítima.
Faltando una de las circunstancias mencionadas, dice, se le aplicará de uno a cinco años de prisión, se lee en el artículo 288.
Veinte días después de la publicación de la iniciativa en la gaceta, el gobernador Silvano Aureoles dijo en Twitter que "por error" se envió una iniciativa que atentaba contra los derechos de las mujeres, por lo que solicitó su retiro.
Dijo que esa iniciativa, sin referirse a cuál, no fue propuesta suya, por lo que pidió a especialistas diseñar un proyecto de ley que incluya la voz de la gente.
En un comunicado, el gobierno detalló que desde el 20 de abril se solicitó al Congreso retirar la iniciativa al Código Penal, debido a que "presentaba inconsistencias que serán solventadas por un equipo de especialistas; la nueva propuesta será de avanzada".
Aureoles dijo que "como hijo de madre soltera siempre he sido defensor y promotor de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos".
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