En entrevista, Jasivi Gómez, integrante de Unidas por la Sangre, informó que durante el 2016 la fundación realizó una investigación en reclusorios de los penales número 3 en Tapachula, 4 en San Cristóbal y 14 en Cintalapa, en la cual se observó y documentó el abuso contra los derechos humanos de las y los encarcelados.
En este sentido, señaló que dentro de las penitenciarías chiapanecas existe un cerco clasista contenido de una de cuádruple discriminación, donde las mujeres resultan ser las más afectadas por el factor socio cultural, educativo y económico.
“Muchas de estas mujeres tuvieron procesos legales irregulares sin la intervención de un traductor, por lo que jamás supieron ni si quiera lo que estaban firmando”, resaltó.
Ante la problemática, expuso que las autoridades correspondientes están muy alejadas de conocer las verdaderas necesidades que las y los condenados en la entidad requieren.
A lo anterior, agregó dentro de las investigaciones se puedo especificar que dos de las penitenciarías son mixtas y una exclusivamente a personas del sexo femenino; estudio que resalta la violencia física y verbal de los que se ven sujetas las más de 186 mujeres y 31 hombres con alguna discapacidad mental de los reclusorios ya mencionados.
“De los 15 Cers establecidos en Chiapas, ninguno brinda a las mujeres y hombres los elementos necesarios y básicos para aspirar a la libertad y a una reinserción social que contenga un plan efectivo reformatorio”, comentó.
De acuerdo a las indagatorias, explicó que la mayor parte de las reclusas lo están por delitos contra la salud, robo, trata de blancas, secuestro y extorsión.
Respecto al perfil, indicó que el promedio de edad de las internas oscila entre los 21 y 28 años, de las cuales son casadas o comparten la unión libre y donde cada una tiene tres o más hijos, siendo el factor escolar un precursor social, ya que la mayoría cuenta con un nivel de educación básico.
“En un 85 por ciento de estas mujeres son de clases social baja, y antes de ingresar al penal se dedicaban a labores del hogar, vendiendo algún producto o como empleadas con prestaciones nulas, lidiando al mismo tiempo problemas de violencia integral”, formuló.
Asimismo, sostuvo que el 52 por ciento ha declarado haber vivido en las calles antes de ser menores de edad y el 100 por ciento de las mismas han señalado haber sufrido abusos sexuales de parte de familiares o allegados.
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