Ejidatarios y pequeños propietarios del municipio de Jiquipilas solicitaron desde hace meses el apoyo e intervención de los tres órdenes de gobierno con el fin de frenar, no solo las invasiones y despojo de tierra de la cual son objeto por parte de integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA-MN), sino para frenar las atrocidades que estos invasores cometen en contra de ellos, derivando en violencia y hechos sangrientos.
Cientos de afectados de las comunidades Nueva Betania, Alfredo B. Bonfil, San Miguel y Santo Tomás, llamaron urgentemente a las autoridades para evitar mayores consecuencias como las de la semana pasada cuando se registraron 2 muertos y varios heridos por enfrentamiento con esa organización.
A través de documentos enviados a las instancias del gobierno, y cuyas copias obran en poder de esta redacción, los denunciantes, cuyos nombre omitimos por obvias razones, indican que los problemas comenzaron desde cuando los invasores, liderados por un sujeto de nombre Misael Eleria, comenzaron a posesionarse de terrenos ejidales y propiedades privadas, mediante amenazas y agresiones en contra de sus verdaderos propietarios.
Detallan que desde entonces, los integrantes del MOCRI-CNPA-MN han estado robando ganado y talando millares de árboles maderables, destruyendo poco a poco el entorno de bosques y montañas de aquella zona limítrofe con el municipio de Ocozocoautla, sin que hasta el momento ninguna autoridad haya tenido el suficiente valor para enfrentar al grupo de agresores, los cuales portan armas de fuego de grueso calibre.
Los denunciantes señalaron que a últimas fechas, las agresiones en contra de los ejidatarios y pequeños propietarios se han recrudecido luego de un enfrentamiento que los del MOCRI sostuvieron en horas de la madrugada, donde dos de sus integrantes murieron y dos más resultaron lesionados a balazos, por lo que han comenzado una “cacería” para según ellos detener a los presuntos responsables de la muerte de sus compañeros.
Los temerosos pobladores agregaron que la amenaza por parte del grupo que ahora se encuentra fuertemente armado, se centra en contra de todos los habitantes de la zona, quienes ya no pueden salir de sus ejidos debido a que los del MOCRI mantienen sitiados todos los accesos, donde ya han agredido a personas para hacerlos declarar como los culpables de las agresiones.
Por ello, y ante el temor fundado de que los invasores del MOCRI estén siendo protegidos por las mismas autoridades municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, demandan la urgente intervención del Presidente de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sus tierras les sean restituidas y los invasores sean desalojados de aquella zona.
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