Bersaín Miranda Borras y Franklin Herrera, dirigentes de la Alianza del Autotransporte en Chiapas, fueron detenidos esta mañana por policías estatales. El gobierno de Chiapas los acusa del delito de motín, derivado del paro de transportistas que promovieron del 10 al 13 de este mes.
Los autotransportistas protestaban ante la negativa del gobierno estatal para autorizar el incremento a las tarifas del servicio, y amortiguar así alza al precio de la gasolina.
A través de un comunicado de prensa, el fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la Procuraduría de Chiapas, Adulfo Chacón Ruiz, informó que la orden de aprehensión contra Miranda y Herrera, fue “derivado de las acciones que ellos encabezaron en perjuicio de la población de diversas ciudades de Chiapas el pasado mes de enero”.
De acuerdo a esta versión, en las protestas un grupo de 500 unidades de transporte concesionadas bloquearon el libre tránsito. El gobierno asegura que los transportistas exigieron a sus agremiados que impidieran el paso a cualquier vehículo, lo que afectó las actividades productivas de la población.
Durante las protestas acusaron al gobernador de querer implementar una “medida populista” a costa de imponer a este sector la carga derivada del aumento al precio de la gasolina.
Explicaron que la tarifa de 6 pesos que se cobra actualmente en la capital de Chiapas se ha mantenido por tres años consecutivos, situación que ahora es insostenible, por el incremento de más del 20 por ciento al precio de la gasolina.
Luego de tres días de paro, los autotransportistas levantaron su movimiento, tras firmar un acuerdo con el gobierno de considerar autorizar el incremento al servicio.
Este día, al conocerse la detención de los dos líderes, transportistas amenazaron con paralizar al estado al dejar de prestar el servicio, para exigir la liberación de los detenidos.
Segunda detención que realiza el gobierno estatal a grupos que protestan
Apenas el 2 de febrero, policías estatales detuvieron a integrantes del grupo Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), tras ser desalajados del campamento y plantón que mantenía en el edificio de la Torre Chiapas, donde exigían el pago por insumos que entregaron al gobierno estatal, principalmente a la Secretaría de Salud.
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