Por segundo año consecutivo las cuentas para el Gobierno de Chiapas nomás no salen. Así lo señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en su último reporte sobre el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2014 reveló un faltante de más de cuatro mil millones de pesos que la administración de Manuel Velasco Coello no ha podido aclarar.
Como también lo precisa puntualmente en su reciente artículo el periodista Vinicio Portela, la entidad chiapaneca se ubicó nuevamente entre los cinco estados del país que mayores anomalías presentaron en la aplicación de recursos federales dentro de importantes rubros como salud, educación, infraestructura y seguridad.
En total son cuatro mil 192 millones 960 mil pesos que registraron observaciones por parte de la ASF, principalmente por supuestos desvíos, donde los fondos para la educación sufrieron los mayores desfalcos e irregularidades en el manejo de recursos federales.
Tan sólo en lo que respecta al Programa Escuelas de Tiempo Completo se presentaron observaciones por 257 millones 890 mil pesos; al igual que lo sucedido con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal donde se evidenció un desvío de más de 380 millones de pesos.
En materia de salud el asunto no es menor. Del presupuesto otorgado por la Federación a Chiapas para la aplicación del programa Seguro Popular actualmente hay más de 535 millones 516 mil pesos que no han podido ser comprobados, además de transferencias anómalas hacia otros programas por un monto superior a los 121 millones 567 mil pesos y una nómina de 727 millones de pesos cuyos trabajadores nunca formalizaron la prestación de servicios.
A lo anterior se suman irregularidades en la aplicación de presupuestos etiquetados como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal donde se observaron más de 15 millones de pesos que el Gobierno de Chiapas tampoco ha podido comprobar su destino, entre otros tantos rubros con evidentes manejos turbios.
Pero el asunto no es nada nuevo. A partir del segundo año de administración, el gobierno que encabeza Manuel Velasco comenzó a prender “focos rojos” dentro de la Auditoría Superior de la Federación al incrementar el número de observaciones graves con respecto a la aplicación y usos del presupuesto federal.
Como muestra de ello, el año pasado la misma ASF señaló a Chiapas por presunto desfalco de más de 702 millones de pesos cometidos contra el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), debido al pago de “compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación que justificaron su entrega” durante 2013.
Además encontró un monto de 538 millones de pesos fueron ocupados para “pagos indebidos de nómina durante el ejercicio 2012 con recursos de 2013”; irregularidades por más de 200 millones de pesos durante la aplicación del programa Seguro Popular en Chiapas y más de 400 millones de pesos en adjudicaciones directas y pago por equipos para hospitales que simplemente no fueron entregados durante ese mismo año.
Entre los plazos establecidos para comprobar y esclarecer el uso de esos presupuestos, resulta evidente que la administración de los recursos públicos en Chiapas no fluye en aguas transparentes. Las observaciones hechas durante dos años consecutivos por la ASF huelen a corrupción o al menos despierta las sospechas de quienes ya han perdido la fe en el actual gobierno.
Ante las prácticas de discrecionalidad gubernamental hoy es mucho pedir una explicación pública de lo sucedido con los recursos presupuestales de Chiapas en un asunto que resulta escandaloso para una entidad donde las movilizaciones sociales por las deudas del gobierno en turno cada vez se han hecho más frecuentes.
Con información de Mural chiapas
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