A raíz de la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS), presentado el 25 de agosto del 2014 en Catzajá, Chiapas, ni el flujo ni las agresiones en contra de este grupo de personas ha disminuido y la autoridad que más ataca a estos individuos es la Policía Federal, de acuerdo con informe anual 2014 “Migrantes invisibles, violencia tangible”.
A raíz de la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS), presentado el 25 de agosto del 2014 en Catzajá, Chiapas, ni el flujo ni las agresiones en contra de este grupo de personas ha disminuido y la autoridad que más ataca a estos individuos es la Policía Federal, de acuerdo con informe anual 2014 “Migrantes invisibles, violencia tangible”.
El trabajo, realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, concluye que, tras la puesta en marcha de este programa, los avances en materia de visibilización de vulnerabilidades se vino abajo
Con la práctica del PIFS no decreció el número de migrantes; la violencia, el riesgo, ni la vulnerabilidad de los mismos. El grupo de población migrante irregular mayor de 15 años fue quien más delitos padeció en su paso por México, es decir 96 por ciento. El principal delito cometido en contra de los migrantes fue el robo, seguido de la extorsión y lesiones.
Los inmigrantes que manifestaron haber sido víctimas de un delito identificaron a grupos pertenecientes al crimen organizado -más de tres personas)- como los responsables de su comisión, ello representa 54.27%, seguidos de los delitos cometidos por particulares, es decir uno o dos individuos.
El tercer grupo implicado en la comisión de delitos en contra de migrantes son las autoridades del gobierno (federal, estatal y municipal)
Las autoridades implicadas en la comisión de violaciones a derechos humanos en contra de las personas migrantes en tránsito son las siguientes: Policía Federal, con 36.56%; policía municipal, 19.35%; grupos policiacos indeterminados (es decir que las y los migrantes no lograron identificar), 29.03%; policía estatal, 7.53%; agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), 5.38%; Ejército e Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (Ipax), 1.08%, respectivamente.
El principal delito cometido por autoridades mexicanas en contra de la población migrante en tránsito es el robo, seguido por la extorsión, la privación ilegal de la libertad y lesiones.
Los estados en donde se cometieron la mayor parte de los delitos en contra de las y los inmigrantes son: Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
Vía Es! Diario de Chiapas...
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