BAVIÁCORA, Sonora.— A un año del mayor desastre ambiental en la historia del país, que dejó sin agua potable a 25 mil habitantes en las inmediaciones del río Sonora, la minera Grupo México, responsable de la catástrofe, ha incumplido en el compromiso de habilitar nuevos pozos para abastecer a la población y de limpiar el caudal contaminado por el derrame tóxico.
En septiembre de 2014, autoridades federales que integran el Comité Técnico que administra el Fideicomiso Río Sonora anunciaron que como parte del resarcimiento de los daños se tendrían que perforar, equipar e interconectar a la red de distribución 18 nuevos pozos de agua para abastecer a los damnificados, además de adquirir 37 plantas potabilizadoras para eliminar metales pesados y garantizar la protección de la salud a los pobladores de siete municipios ribereños.
A la fecha, según reveló Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), apenas se han habilitado 11 nuevos pozos y será hasta dentro de ocho meses cuando se cuente con la primera planta purificadora.
En un recorrido por cada una de las comunidades afectadas, realizado por Excélsior, se constató la angustia e incertidumbre que genera en los habitantes la falta de fuentes confiables de abastecimiento, situación que enferma y empobrece a la población que depende del agua en el río Sonora para consumo humano y que daña el desarrollo de actividades como pesca, ganadería y agricultura.
Tal es el caso de los pozos que se pretendían habilitar en los municipios de Huepac y Aconchi, los cuales fueron anunciados por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, en agosto de 2014.
El mandatario estatal explicó que los pozos estarían ubicados a más de 500 metros del río Sonora, con el objetivo de evitar que la contaminación se infiltrara hasta los mantos freáticos.
Abandonadas
Hoy esas perforaciones lucen abandonadas y representan un riesgo, porque tienen más de 20 metros de profundidad y solamente están cubiertos con tarimas de madera, los habitantes afirman que fueron abandonados por las autoridades, pues al estar alejados del lecho del río no tuvieron la inversión necesaria para abastecer a la población.
Caso distinto al pozo habilitado en San Pedro de Ures, ubicado en el vado de un arroyo, ya que sí cuenta con bombas y electrificación, pero tampoco alcanza para abastecer a los vecinos.
Jessica Hernández, quien vive a 50 metros de ese pozo, afirma que a veces pasan hasta una semana sin agua.
Sus dos hijos pequeños enferman constantemente del estómago y tienen llagas en la piel; estudios de laboratorio confirman que en sus organismos están presentes algunos de los metales pesados que derramó Grupo México.
¿Para cuándo?
En la conferencia de prensa para informar de los avances del Fideicomiso Río Sonora, las autoridades reconocieron que todavía no hay fecha definitiva para la entrada en funciones de los nuevos pozos, además de que están revaluando la instalación de las 37 plantas potabilizadoras, para las que se cuenta con un presupuesto de 350 millones de pesos.
“Las plantas potabilizadoras se van a instalar, pero primero tenemos que activar los pozos, hacer la determinación de la calidad del agua y un modelo de la contaminación que esos pozos pudieran recibir por una eventual filtración de los metales pesados.
“Eso es lo que se valoró, y al hacerlo nos dimos cuenta que no era posible instalar esas plantas como se aprobaron en una primera instancia”, reconoció Lacy Tamayo.
Dijo que en ocho meses, es decir, en abril de 2016, se instalará la primera planta tratadora en la comunidad de Bacanuchi, la más afectada por la contaminación causada por Grupo México.
Además, a un año del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre, la empresa responsable del ecocidio apenas ha limpiado una mínima parte del cauce, por lo que gran parte de la contaminación permanece en el lecho del río Sonora y en el vaso de la presa Rodolfo Félix Valdez El Molinito.
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