Es difícil saber si las elecciones mexicanas son las más caras del mundo, pero no hay duda de que figuran entre las más costosas.
Considerando los presupuestos de las instituciones electorales -institutos, tribunales y fiscalías en el plano federal y estatal-, el costo de los comicios de 2015 asciende a 35 mil millones de pesos en números redondos.
Esa cantidad se integra con los presupuestos del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (Fepade), y el total de los institutos y tribunales electorales de los estados.
Si a esa cifra se le agregara un cálculo moderado del valor comercial de la propaganda partidaria en radio y televisión, que no les cuesta a los partidos, el costo se elevaría a 56 mil 622 millones de pesos, una estratosférica suma equivalente al presupuesto de todo el Poder Judicial de la Federación (56 mil 269 millones de pesos. Ese cálculo del costo de spots de los partidos en radio y televisión fue, en 2012, de 21 mil 622 millones de pesos, según México Evalúa.
¿Es mucho, es poco o es razonable el costo presupuestal (sin incluir spots) de 35 mil millones de pesos para el proceso comicial 2014-2015?
Juzgue el lector: esa cantidad equivale al doble del presupuesto de la PGR (17 mil 254.4 millones) y supera los presupuestos del Congreso de la Unión (13 mil 648.3 millones), de la Secretaría de Marina (27 mil 24.5 millones) y de la de Economía (21 mil 908 millones). También es mayor al conjunto de 12 programas de desarrollo social (29 mil 120.6 millones de pesos), entre ellos el de abasto social y rural de leche, el de apoyo alimentario, el de estancias infantiles y el de pensión para adultos mayores.
Más referentes: los 35 mil millones de pesos destinados a los comicios de 2015 superan los presupuestos para la prestación de servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal (33 mil 131 millones de pesos), y es 10 veces mayor al Programa Nacional de Becas de Educación Básica (3 mil 82.7 millones) y al del Seguro Popular (3 mil 689.4 millones).
Disparidad en los estados
El presupuesto total de los institutos y tribunales electorales de los estados (incluidos partidos) asciende a 12 mil 683 millones de pesos y los montos presentan disparidades evidentes, debido esencialmente a las diferencias de población. El ejemplo más claro se da entre el presupuesto menor y el mayor: Nayarit (con un millón 84 mil habitantes) ejerció 25.8 millones de pesos y el Estado de México (con 15 millones 175 mil habitantes) destinó 2 mil 306.1 millones. Es decir, el presupuesto mexiquense es casi 100 veces mayor que el nayarita.
Otros presupuestos altos son: Distrito Federal, mil 818.7 millones de pesos; Nuevo León, 830.7 millones y Jalisco, 788.3 millones. Entre los más bajos destacan, además de Nayarit, los de Tlaxcala, 44.7 millones de pesos, y Aguascalientes, 73.7 millones.
Estos datos fueron obtenidos, con el apoyo del periodista Arturo Ilizaliturri Sánchez, de los portales de internet de las instituciones respectivas. En algunos estados no se pudo contabilizar el gasto preciso de sus tribunales electorales, debido a que están inmersos en el presupuesto de los respectivos poderes judiciales.
Tanto el presupuesto del INE como los estatales y el capitalino que se han mencionado incluyen el financiamiento público a los partidos políticos: 5 mil 355.5 millones de pesos del INE y 4 mil 168.8 millones de los estados en conjunto. Una de las consecuencias de la reforma electoral de 2014, que uniformó con el federal las bases estatales para calcularlo, es que en 2015 el financiamiento partidario se incrementó notablemente en la mayoría de las entidades federativas.
Anteriormente el dinero del erario destinado a los partidos se calculaba de forma diferente en cada estado, pero ahora se hace con los mismos criterios federales: 65% del salario mínimo diario multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, en los términos del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Si bien esa disposición parece referirse sólo a los partidos políticos locales, hay consenso en que la interpretación adecuada homologa los criterios de cálculo para el financiamiento local y federal, porque, de otra suerte, la dirigencia estatal de un partido con registro nacional podría recibir una cantidad distinta a un partido con registro local, lo cual se apartaría de la equidad.
Cifras grises y negras
Las cifras presupuestales mencionadas corresponden a los costos que podrían llamarse oficiales de las elecciones, pero hay otros que están en una zona gris de indefinición y otros más que más bien se sitúan en un área negra por su ilegalidad.
Las cifras grises corresponden a los costos de la propaganda partidaria en radio y televisión, que no tienen una cuantificación oficial, pero que constituyen un rubro de suma importancia para la propaganda de los partidos políticos.
Un acercamiento a tales costos lo hizo México Evalúa en su estudio El costo de las elecciones presidenciales de 2012 y llegó a la conclusión de que los spots de partidos difundidos en esos comicios se pueden cuantificar en 21 mil 622 millones de pesos; aunque estos no son pagados en efectivo a los medios electrónicos, que se han opuesto desde siempre a esa situación derivada de la reforma comicial de 2007. En ese año, se les prohibió a los partidos la adquisición de tiempos en radio y televisión, cuya compra consumía anteriormente la mayor parte de su financiamiento para campañas.
Si los 21 mil 622 millones que calcula México Evalúa se agregan al costo presupuestal, tendríamos -como se apuntó antes- un total de 56 mil 622 millones de pesos. Por supuesto, el cálculo es de 2012, pero aun así puede dar idea del costo de los spots partidarios.
Otros cálculos dejan muy por debajo la estimación mencionada para los spots de radio y televisión. El estudio Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano (2000-2012), del Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia, indica que probablemente “durante el proceso electoral 2011-2012 los partidos habrían tenido que pagar entre 132 mil 718 y 176 mil 958 millones de pesos por los spots transmitidos en campañas y precampañas”, ya considerados los descuentos que las televisoras hacían a los partidos.
Lo que resulta evidente es, como señala México Evalúa, que “el financiamiento público para radio y televisión es el rubro que más contribuyó al costo electoral en 2012, ¡y no se contabiliza de forma alguna!”.
Las cifras negras están constituidas por el gasto oculto que realizan los partidos políticos en sus campañas, pero no los reportan porque tienen un origen y un destino ilegales. El origen de esos dineros está en aportaciones fuertes de empresas (contratistas, constructores y otros), gobiernos federal y estatales e incluso de la delincuencia organizada. El destino es la propaganda excesiva que los frágiles controles de las autoridades comiciales no alcanzan a detectar y, lo peor, la compra directa o indirecta de votos mediante dádivas en efectivo y en especie. Y a eso habría que sumar la propaganda encubierta que, violando la Constitución y las leyes, contratan algunos partidos, por debajo de la mesa, con medios de comunicación sobre todo electrónicos.
Escribió Luis Carlos Ugalde en Nexos (1 de febrero de 15): “Se estima que por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña, hay tres pesos que no se ven ni se reportan. Se trata de un sistema de simulación que asemeja a un iceberg: sólo se ve la punta pero la mayor parte de lo que se gasta ocurre debajo de la mesa mediante sistemas de una economía de trueque: dinero en bolsas de papel, pagos en efectivo, triangulaciones que no pasan por el sistema bancario”.
Es posible que la estimación de Ugalde, ex presidente del IFE, se quede corta, pero aún así resulta escandalosa.
$887 por cada votante
El 7 de junio de 2015 sufragaron 39 millones 872 mil 246 ciudadanos, aproximadamente el 47.71% de la Lista Nominal de Electores. En consecuencia, el costo por votante, considerando sólo las cifras presupuestarias de las autoridades comiciales, sería de 877.80 pesos (54.86 dólares con el tipo de cambio de 16 pesos por dólar). Si a las cifras presupuestales de los comicios de 2015 se les añade el estimado por los spots, el costo por votante aumentaría a mil 420 pesos (88.75 dólares).
¿Cómo estamos en costos electorales respecto de otros países? Es difícil hacer un cotejo preciso por la heterogeneidad de los sistemas electorales y por la escasez de información sobre el gasto real de las campañas.
Sin embargo, es posible intentar una aproximación comparativa, aunque con disparidades evidentes.
El mencionado estudio del CEEY e Integralia, dirigido por Enrique Cárdenas y Luis Carlos Ugalde, dice al respecto lo siguiente:
Considerando los presupuestos de las instituciones electorales -institutos, tribunales y fiscalías en el plano federal y estatal-, el costo de los comicios de 2015 asciende a 35 mil millones de pesos en números redondos.
Esa cantidad se integra con los presupuestos del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR (Fepade), y el total de los institutos y tribunales electorales de los estados.
Si a esa cifra se le agregara un cálculo moderado del valor comercial de la propaganda partidaria en radio y televisión, que no les cuesta a los partidos, el costo se elevaría a 56 mil 622 millones de pesos, una estratosférica suma equivalente al presupuesto de todo el Poder Judicial de la Federación (56 mil 269 millones de pesos. Ese cálculo del costo de spots de los partidos en radio y televisión fue, en 2012, de 21 mil 622 millones de pesos, según México Evalúa.
¿Es mucho, es poco o es razonable el costo presupuestal (sin incluir spots) de 35 mil millones de pesos para el proceso comicial 2014-2015?
Juzgue el lector: esa cantidad equivale al doble del presupuesto de la PGR (17 mil 254.4 millones) y supera los presupuestos del Congreso de la Unión (13 mil 648.3 millones), de la Secretaría de Marina (27 mil 24.5 millones) y de la de Economía (21 mil 908 millones). También es mayor al conjunto de 12 programas de desarrollo social (29 mil 120.6 millones de pesos), entre ellos el de abasto social y rural de leche, el de apoyo alimentario, el de estancias infantiles y el de pensión para adultos mayores.
Más referentes: los 35 mil millones de pesos destinados a los comicios de 2015 superan los presupuestos para la prestación de servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal (33 mil 131 millones de pesos), y es 10 veces mayor al Programa Nacional de Becas de Educación Básica (3 mil 82.7 millones) y al del Seguro Popular (3 mil 689.4 millones).
Disparidad en los estados
El presupuesto total de los institutos y tribunales electorales de los estados (incluidos partidos) asciende a 12 mil 683 millones de pesos y los montos presentan disparidades evidentes, debido esencialmente a las diferencias de población. El ejemplo más claro se da entre el presupuesto menor y el mayor: Nayarit (con un millón 84 mil habitantes) ejerció 25.8 millones de pesos y el Estado de México (con 15 millones 175 mil habitantes) destinó 2 mil 306.1 millones. Es decir, el presupuesto mexiquense es casi 100 veces mayor que el nayarita.
Otros presupuestos altos son: Distrito Federal, mil 818.7 millones de pesos; Nuevo León, 830.7 millones y Jalisco, 788.3 millones. Entre los más bajos destacan, además de Nayarit, los de Tlaxcala, 44.7 millones de pesos, y Aguascalientes, 73.7 millones.
Estos datos fueron obtenidos, con el apoyo del periodista Arturo Ilizaliturri Sánchez, de los portales de internet de las instituciones respectivas. En algunos estados no se pudo contabilizar el gasto preciso de sus tribunales electorales, debido a que están inmersos en el presupuesto de los respectivos poderes judiciales.
Tanto el presupuesto del INE como los estatales y el capitalino que se han mencionado incluyen el financiamiento público a los partidos políticos: 5 mil 355.5 millones de pesos del INE y 4 mil 168.8 millones de los estados en conjunto. Una de las consecuencias de la reforma electoral de 2014, que uniformó con el federal las bases estatales para calcularlo, es que en 2015 el financiamiento partidario se incrementó notablemente en la mayoría de las entidades federativas.
Anteriormente el dinero del erario destinado a los partidos se calculaba de forma diferente en cada estado, pero ahora se hace con los mismos criterios federales: 65% del salario mínimo diario multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, en los términos del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Si bien esa disposición parece referirse sólo a los partidos políticos locales, hay consenso en que la interpretación adecuada homologa los criterios de cálculo para el financiamiento local y federal, porque, de otra suerte, la dirigencia estatal de un partido con registro nacional podría recibir una cantidad distinta a un partido con registro local, lo cual se apartaría de la equidad.
Cifras grises y negras
Las cifras presupuestales mencionadas corresponden a los costos que podrían llamarse oficiales de las elecciones, pero hay otros que están en una zona gris de indefinición y otros más que más bien se sitúan en un área negra por su ilegalidad.
Las cifras grises corresponden a los costos de la propaganda partidaria en radio y televisión, que no tienen una cuantificación oficial, pero que constituyen un rubro de suma importancia para la propaganda de los partidos políticos.
Un acercamiento a tales costos lo hizo México Evalúa en su estudio El costo de las elecciones presidenciales de 2012 y llegó a la conclusión de que los spots de partidos difundidos en esos comicios se pueden cuantificar en 21 mil 622 millones de pesos; aunque estos no son pagados en efectivo a los medios electrónicos, que se han opuesto desde siempre a esa situación derivada de la reforma comicial de 2007. En ese año, se les prohibió a los partidos la adquisición de tiempos en radio y televisión, cuya compra consumía anteriormente la mayor parte de su financiamiento para campañas.
Si los 21 mil 622 millones que calcula México Evalúa se agregan al costo presupuestal, tendríamos -como se apuntó antes- un total de 56 mil 622 millones de pesos. Por supuesto, el cálculo es de 2012, pero aun así puede dar idea del costo de los spots partidarios.
Otros cálculos dejan muy por debajo la estimación mencionada para los spots de radio y televisión. El estudio Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano (2000-2012), del Centro de Estudios Espinosa Yglesias e Integralia, indica que probablemente “durante el proceso electoral 2011-2012 los partidos habrían tenido que pagar entre 132 mil 718 y 176 mil 958 millones de pesos por los spots transmitidos en campañas y precampañas”, ya considerados los descuentos que las televisoras hacían a los partidos.
Lo que resulta evidente es, como señala México Evalúa, que “el financiamiento público para radio y televisión es el rubro que más contribuyó al costo electoral en 2012, ¡y no se contabiliza de forma alguna!”.
Las cifras negras están constituidas por el gasto oculto que realizan los partidos políticos en sus campañas, pero no los reportan porque tienen un origen y un destino ilegales. El origen de esos dineros está en aportaciones fuertes de empresas (contratistas, constructores y otros), gobiernos federal y estatales e incluso de la delincuencia organizada. El destino es la propaganda excesiva que los frágiles controles de las autoridades comiciales no alcanzan a detectar y, lo peor, la compra directa o indirecta de votos mediante dádivas en efectivo y en especie. Y a eso habría que sumar la propaganda encubierta que, violando la Constitución y las leyes, contratan algunos partidos, por debajo de la mesa, con medios de comunicación sobre todo electrónicos.
Escribió Luis Carlos Ugalde en Nexos (1 de febrero de 15): “Se estima que por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña, hay tres pesos que no se ven ni se reportan. Se trata de un sistema de simulación que asemeja a un iceberg: sólo se ve la punta pero la mayor parte de lo que se gasta ocurre debajo de la mesa mediante sistemas de una economía de trueque: dinero en bolsas de papel, pagos en efectivo, triangulaciones que no pasan por el sistema bancario”.
Es posible que la estimación de Ugalde, ex presidente del IFE, se quede corta, pero aún así resulta escandalosa.
$887 por cada votante
El 7 de junio de 2015 sufragaron 39 millones 872 mil 246 ciudadanos, aproximadamente el 47.71% de la Lista Nominal de Electores. En consecuencia, el costo por votante, considerando sólo las cifras presupuestarias de las autoridades comiciales, sería de 877.80 pesos (54.86 dólares con el tipo de cambio de 16 pesos por dólar). Si a las cifras presupuestales de los comicios de 2015 se les añade el estimado por los spots, el costo por votante aumentaría a mil 420 pesos (88.75 dólares).
¿Cómo estamos en costos electorales respecto de otros países? Es difícil hacer un cotejo preciso por la heterogeneidad de los sistemas electorales y por la escasez de información sobre el gasto real de las campañas.
Sin embargo, es posible intentar una aproximación comparativa, aunque con disparidades evidentes.
El mencionado estudio del CEEY e Integralia, dirigido por Enrique Cárdenas y Luis Carlos Ugalde, dice al respecto lo siguiente:
“De acuerdo con un análisis elaborado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES por sus siglas en inglés) sobre el costo de las elecciones en 14 países de América Latina con regímenes de financiamiento público y privado, el promedio del financiamiento público en México fue 18 veces superior al de los países de América Latina en el periodo 2001-2004”. Los costos por voto van de 27 y 29 centavos de dólar en Guatemala y Brasil, respectivamente, a los 17.24 dólares de México, que resulta el más alto en Latinoamérica.
Otro estudio, que no se limita a Latinoamérica y fue también realizado por IFES (CNN, 23 de abril de 2009), enlista los países con mayor costo por voto: Rusia (7.5 dólares), Lesotho (6.9 dólares), Liberia (6.1 dólares) y México (5.9 dólares).
Evidentemente, esas cifras son mucho más bajas que los 54.86 dólares que México gastó en el proceso electoral 2014-2015. Conviene precisar que estos cálculos del gasto mexicano se refieren a costos por votante más que por voto, ya que un votante nacional en 2015 depositó en las urnas sufragios por diputados federales, más los cargos locales en juego, según la entidad federativa de que se tratara.Por supuesto, si sólo se consideraran los presupuestos directamente relacionados con la organización de los comicios y el financiamiento público a campañas, las cifras serían menores, pero seguirían siendo elevadas. Ahora bien, si los presupuestos totales de los organismos comiciales tienen como justificación las elecciones, parece más correcto considerarlos integralmente para efectos de determinar el costo por votante.
Comoquiera, resulta evidente que las elecciones son, en México, grandes devoradoras de recursos públicos.
El autor es analista político y editorialista de Grupo Reforma.
Otro estudio, que no se limita a Latinoamérica y fue también realizado por IFES (CNN, 23 de abril de 2009), enlista los países con mayor costo por voto: Rusia (7.5 dólares), Lesotho (6.9 dólares), Liberia (6.1 dólares) y México (5.9 dólares).
Evidentemente, esas cifras son mucho más bajas que los 54.86 dólares que México gastó en el proceso electoral 2014-2015. Conviene precisar que estos cálculos del gasto mexicano se refieren a costos por votante más que por voto, ya que un votante nacional en 2015 depositó en las urnas sufragios por diputados federales, más los cargos locales en juego, según la entidad federativa de que se tratara.Por supuesto, si sólo se consideraran los presupuestos directamente relacionados con la organización de los comicios y el financiamiento público a campañas, las cifras serían menores, pero seguirían siendo elevadas. Ahora bien, si los presupuestos totales de los organismos comiciales tienen como justificación las elecciones, parece más correcto considerarlos integralmente para efectos de determinar el costo por votante.
Comoquiera, resulta evidente que las elecciones son, en México, grandes devoradoras de recursos públicos.
El autor es analista político y editorialista de Grupo Reforma.
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