MÉXICO, D.F. (apro).- Dos soldados separados de las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por ser portadores de VIH debieron esperar más de 15 años para ser reinstalados y desagraviados por el gobierno.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció una disculpa pública a los militares despedidos, uno en 1998 en la administración del priista Ernesto Zedillo y el otro en 2001, en el primer año de gobierno del panista Vicente Fox. Sus identidades fueron omitidas.
Ambos apelaron su despido y al no encontrar eco a su demanda de justicia en México, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mediante su sentencia 12.689 del 31 de octubre de 2011, falló a favor de los militares.
Hoy, casi cuatro años después, en cumplimiento al mandato del organismo internacional, a nombre del gobierno mexicano, Osorio Chong se disculpó con los afectados y reconoció que falta camino por recorrer en materia de derechos humanos.
“México tiene hoy retos en los que tenemos que seguir avanzando y a los que estamos haciendo frente con la cara en alto. Que las fallas del pasado sirvan como base para aprender y construir una sociedad de derechos más sólida”, dijo al encabezar el “Acto público de reconocimiento de responsabilidad”, realizado esta tarde frente a los militares afectados y sus familias.
Osorio Chong afirmó que los soldados fueron reinstalados y se les brindó atención médica, psicológica y en reformas legales.
Sin embargo para los representantes de las víctimas pasaron muchos años para que se hiciera justicia.
El abogado Pedro Morales, señaló que si bien en los dos casos obtuvieron hoy una disculpa pública del Estado, hay muchos militares que han muerto no tanto por los estragos de la enfermedad, sino por depresión causada por la agresión a su trabajo, seguridad social y dignidad.
La abogada Graciela Rodríguez consideró que se hizo justicia después de 17 y 12 años que la Sedena los dio de baja porque los consideró “inútiles” por ser portadores de VIH.
Los litigantes afirmaron que luchas como la de estos dos militares deben servir para que este tipo de actos de discriminación, en particular en el seno militar, no se repitan.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, consideró que el Estado mexicano cumplió con la disculpa pública planteada por la CDIH en su sentencia y afirmó que “la disculpa enaltece a quien la ofrece y a quien la acepta”.
Al acto no acudió el general secretario de la Defensa sino el director de derechos humanos de esta dependencia, el general brigadier José Carlos Beltrán Benites.
Los casos de los dos soldados a quienes el gobierno les ofreció hoy una disculpa, uno que llegó a ser oficial y el otro, con un largo historial como elemento de tropa, cobró relevancia debido a que se convirtieron en los primeros en ser analizados y admitidos por la CIDH.
Los despidos de militares portadores del virus iniciaron a partir del 1 de septiembre de 2003, por decreto del entonces presidente Vicente Fox.
Mediante dicho decreto se ordenó que los militares que dieran positivo por VIH causarían baja inmediata del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y aquellos infectados que contaran con menos de cinco años de servicio perderían el empleo, pensión, servicios médicos e indemnización.
Según la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), aprobada por el Congreso en abril y publicada en el Diario Oficial el 9 de junio de ese año, los soldados con “padecimientos de origen inmunológico, rebeldes al tratamiento y de difícil control” debían causar baja por “inutilidad”.
El único beneficio para los expulsados que tuvieran menos de cinco años en las filas sería recibir una orientación para que acudieran a instituciones de salud que pudieran atender su padecimiento.
Dicha disposición fue eliminada por la Cámara de Diputados el 19 de marzo del año pasado.
Se eliminaron causales de retiro del servicio activo de las armas a los militares que padecen la seropositividad al VIH, y se condicionó el retiro únicamente cuando quien lo padezca tenga pérdida de funcionalidad para el desempeño de sus actos de servicio.
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